El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y Enlaces instó al gobierno salvadoreña aplicar un plan de abastecimiento de agua potable en más de 100 comunidades del Gran San Salvador.
Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC, explicó que el agua es un derecho y por tanto el gobierno debe garantizar llevar agua potable a las zonas más desprotegidas. “Lo que planteamos es la creación de un plan de abasteciendo de agua potable, por lo visto no hay ningún plan que esté funcionando y por eso llamamos a crearlo para que lleven agua a las comunidades de San Salvador”, dijo Pérez.
Según Esmeralda Mondragón, de Enlaces, hay Centros Escolares y Unidades de Salud de San Salvador que no cuentan con agua potable. “Es necesario que el gobierno se entere y se dé cuenta de esta problemática. Hay mujeres y niños que se desvelan para poder agarrar agua por la madrugada y en otros lugares tenemos que comprar agua a privados y lo peor es que la factura de ANDA siempre llega a pesar de no recibir el liquido”, indicó.
Para Raúl Trejo, las autoridades de ANDA deben mejorar el servicio e incluso si se racionalizara el agua, trabajar con horarios justos y accesibles.
La Ley del Agua es una pieza fundamental para la protección de este líquido vital, por eso Pérez, hizo un llamado a los diputados para que agilicen el estudio y garantizar una ley en favor de los salvadoreños.
Las organizaciones y comunidades también se unieron al llamado para que no se continúe con el proyecto urbanístico en Valle el Ángel en Apopa que agudizará aún más el estrés hídrico.
Recomiendan:
Que el presidente de la República establezca junto al Consejo de Ministros un plan de abastecimiento temporal que cuente con apoyo instituciones de Gobierno y Concejos Municipales.
Cobrar la tarifa mínima ($2.39) a todos los hogares que se han visto afectados por el desabastecimiento del servicio.
Asegurar agua a los Centros Escolares y Unidades de Salud, de tal manera que no continúen violentando más derechos.
Crear mecanismos de participación ciudadana que permita avanzar en la contraloría de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Avanzar en la aprobación de la Ley General de Aguas y la Ley del Sub Sector de Agua Potable y Saneamiento, para que ANDA no continué siendo juez y parte de la prestación del servicio.
