(Por: Róger Hernán Gutiérrez*)
Mucho de la vorágine precedida por el actual Gobierno, es la de hacerlo todo de manera electrónica, y su discurso reciente lo confirma “Ahora toda persona tiene un celular conectado a internet y cada persona que tiene eso es un vocero, fuente de información y puede llegar incluso a tener incidencia política”, dijo Bukele en su discurso en la ONU”.
La página web del MTPS, en el anterior ejercicio ministerial aducía que la extensión de credenciales era un proceso que no llevaba más de 10 días a partir de su recepción—dentro de estos su análisis y tramitación incluían dicha periodicidad, la que podía alargarse para subsanar posibles errores y fallas en la documentación. Sin embargo no era cierto y las credenciales dormían el sueño de los justos—sin justificar el porqué de su dilación y el fraude obvio de lo que la web contenía. Lo interesante acá era el comentario que se centraba en ese problema—que existía una lista negra de sindicatos—que de acuerdo al régimen de turno, no debían ser autorizados en su legítimo ejercicio sindical.
Los reclamos en la OIT desde 2013 en adelante, en lo que compete al anterior ejercicio del Ministerio de Trabajo, acumuló esta queja, y el Gobierno de El Salvador, fue siendo señalado de violador de derechos laborales, por cuanto maniobraba estableciendo clara injerencia en el ejercicio legítimo de las organizaciones sindicales. Se mencionaba por aquellos grupos que no compartían la visión y programa de gobierno del FMLN, que su actuación era dolosa y con esa acción estaba garantizando el apoyo de sindicatos en pro de su causa.
El actual ejercicio de la administración del trabajo conducida por el exsindicalista Rolando Castro, inició con ganar el imaginario de las personas trabajadoras con un discurso de venir a la cartera a realizar y trabajar por una tutela efectiva de los derechos laborales y sindicales. Sin inclinarse en pro de los sindicatos que él expresó no ser auténticos, y que respondían a los grupos fácticos empresariales y del gobierno.
Así también argumentó venir a trabajar para que los empresarios respeten los derechos laborales, y se acabarían aquellas acciones ministeriales que claramente favorecían los intereses de una u otra parte.
Habló de aspectos turbios en la manera de realizar las inspecciones laborales, que existían grupos ad hoc de inspectores que favorecían inspecciones dolosas, habló de cierta “persecución laboral en aquellas empresas a las que se les atribuían violaciones a derechos laborales de las personas trabajadoras—tanto en la industria, el comercio y los servicios—
Sin embargo posteriormente no se ha conocido a qué llevaron tales señalamientos, pues el hecho de existir inspectores venales y conniventes con el capital o contra un acoso para aquéllos empresarios supuestamente “honestos”, ha existido históricamente, y no es por ser un nuevo gobierno como algunos suponen.
También mencionó llevar a la fiscalía los casos de corrupción—pero hasta ahora no se tiene algo concreto de tales acusaciones. Esto nos lleva a pensar que la remoción de los aspectos tipificados como anómalos de la administración del trabajo siguen vigentes y latentes; y al parecer se han afincado en la nueva administración.
Se van acumulando acusaciones sobre un ejercicio arbitrario—no hay cambios en las jefaturas y asesoramientos de la anterior estructura organizativa del Ministerio, sin embargo el Ministro en mucho de sus intervenciones no ha dejado de expresar que hay muchísimas cosas que se venían haciendo mal, y que él desde su ética y buenas prácticas de tutela laboral le va tocar limpiar para el beneficio social.
No obstante esta imagen que se acuña de ser algo ético y correcto, está planteando acciones arbitrarias y abusos poco transparentes, hay escritos y posicionamientos de los niveles en la Dirección General de Trabajo, a cuya esfera de subordinación está el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, quien ha sacado a relucir que la entrega de credenciales a los diferentes sindicatos que lo soliciten, el Ministerio puede tardarse para extenderlas hasta 9 meses.
Ello no sólo estaría evidenciando una total incompetencia e ineficiencia en atender tales peticiones y servicios; sino la más grave es de una total injerencia en el que hacer de la organización sindical, al estar interfiriendo en el ejercicio legal de la persona jurídica que es el sindicato.
Hay protestas y denuncias realizadas que reclaman la misma situación, lo que denota que hay un ejercicio administrativo que tiende a ser ilegal, abusivo y que está manifestando que poco a poco esa arbitrariedad si la escupes al cielo en la cara te cae.
*Sindicalista salvadoreño
