(Por: Eduardo Tamayo G. y Helga Serrano Narváez)
Quienes creen que la lucha de clases es una cuestión del pasado, están equivocados. Las élites económicas de Ecuador, a través del gobierno de Lenín Moreno, han declarado la guerra económica al pueblo ecuatoriano, con la imposición de medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que incluyen el aumento de los precios de los combustibles, más despidos de servidores públicos, recorte de los derechos de los trabajadores y medidas para favorecer a importadores, exportadores y a las cámaras de la producción.
En respuesta a este “paquetazo”, los sectores afectados inmediatamente iniciaron movilizaciones, exigiendo la derogatoria de las medidas adoptadas por el gobierno que impactan a la mayoría de los ecuatorianos. Las protestas se iniciaron con el paro de los transportistas y ahora continúan con la activa participación de los pueblos indígenas en la sierra y en la Amazonía, así como sectores populares urbanos, obreros, estudiantes y mujeres.
En lugar de atender las demandas ciudadanas, el gobierno decretó el estado de excepción por 60 días, disponiendo la movilización de las fuerzas armadas y de la policía, para reprimir las manifestaciones. Como resultado de esta medida, hay un muerto, centenares de personas detenidas, agresiones a periodistas, jóvenes heridos con armas de fuego y bombas lacrimógenas, personas apaleadas y vejadas.
La guerra está declarada. Las peores manifestaciones del neoliberalismo están de vuelta.
Muchas razones para protestar
El alza de los combustibles es el detonante de las recientes movilizaciones, pero el descontento general que reina en Ecuador tiene raíces más amplias y profundas, y hay que buscarlo en el momento en que Lenín Moreno le da la espalda al programa de gobierno que le permitió asumir la presidencia.
El gabinete inicial de Moreno fue reemplazado por representantes de las cámaras de la producción y de los medios de información privados, que están imponiendo su propia visión e intereses grupales y de clase para favorecerse enormemente de la gestión estatal.
Cuando la economía daba señales de recuperación, estos sectores trabajaron en un relato de que el país vivía la peor crisis de la historia, de la que responsabilizan al gobierno anterior. Luego de adoptar una serie de medidas, como el perdón de las multas e intereses a los morosos de los grandes grupos económicos que tienen deudas con el Estado, que suman más de 4.500 millones de dólares, la economía ha ido de tumbo en tumbo. Entre los principales impactos están el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, la reducción del empleo adecuado, el crecimiento del subempleo, el despido de servidores públicos, mayor inseguridad y violencia, y la incapacidad del gobierno para atender problemas graves como la violencia en las cárceles, la minería ilegal y la situación de las fronteras.
Paradójicamente, mientras la mayoría del pueblo ecuatoriano atraviesa graves problemas económicos y sociales, sectores minoritarios aumentan sus ganancias en medio de la crisis. El sector bancario, por ejemplo, en el año 2017-2018, obtuvo una ganancia de 554 millones de dólares, que representa un incremento de 39,8% con relación a diciembre de 2017.
Por otro lado, el gobierno, en lugar de buscar financiar el presupuesto con una política impositiva para que paguen más los que más tienen, cobrar las deudas de los grandes empresarios y combatir la evasión y elusión fiscal, recurre al endeudamiento externo en condiciones sumamente desventajosas para el país.
A pesar de criticar del endeudamiento de gobierno anterior, el gobierno de Moreno en los primeros 19 meses (de mayo 2017 a enero 2019) se endeudó en 11.722 millones de dólares, superando el total de la deuda contraída por el gobierno de Rafael Correa, que en 9 años y 3 meses de gestión pasó de 10.205,3 millones en agosto de 2007 a 22.575,2 millones en junio de 2016 (Fuente: Banco Central del Ecuador).
En estas condiciones, el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional, con el cual firmó un acuerdo de Servicio Ampliado del FMI, SAF, en el, que a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, se compromete a cumplir los condicionamientos de este organismo, que incluyen el aumento del IVA, el alza y liberalización de los combustibles, la privatización de los sectores estratégicos, la denominada flexibilización laboral, que en realidad significa atentar a los derechos de los trabajadores, la reforma del estatuto del Banco Central, reducción del tamaño del Estado con despidos de servidores públicos, entre otros, en función de lograr el “equilibrio fiscal”. Cabe recordar que el último acuerdo con el FMI se dio en el 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, que no terminó su período por el rechazo popular.
El presidente Moreno, con un nivel de credibilidad que bordea el 16% y de aceptación de apenas el 22%, impone así un paquete de medidas económicas que ha recibido el respaldo público del Fondo Monetario Internacional, de las cámaras de empresarios, de los banqueros y de los medios de comunicación corporativos, que han cerrado filas para defender las medidas, señalando que el gobierno ha tenido la “valentía” de “retirar el subsidio” a los combustibles, “algo que no se ha hecho en los últimos 40 años”.
El alza del diésel de 1,03 a 2,30 dólares y de la gasolina extra de 1,85 a 2,39 dólares, precios que fluctuarán cada mes, tendrán un gran impacto en la economía popular, pues aumentan los precios de los productos de primera necesidad y del transporte público, deteriorando el poder adquisitivo de la mayoría de familias ecuatorianas, con mucha más fuerza entre quienes ganan el salario básico o tienen reducidos ingresos. Cada centavo que se suba en los pasajes y los víveres cuenta mucho para el millón 700 mil personas que subsisten con menos de $1.6 diarios, y para otros 4.4 millones que perciben menos de $2.9 diarios
Paro de transporte y movilización popular
El paro de transportistas afectó a todo el país, se suspendieron las clases y se recortó la jornada laboral por las dificultades de movilización. Este fue el detonante para que otros sectores se movilizaran contra las medidas del gobierno de Lenín Moreno en varias ciudades, especialmente en Quito, donde incluso algunos vuelos fueron suspendidos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, debido a la imposibilidad de trasladarse hasta allí. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que hubo manifestaciones en 300 sitios en ese día. En Guayaquil, aprovechando la situación, se registraron saqueos.
Para contrarrestar el paro de los transportistas, el gobierno procedió a apresar algunos de sus dirigentes en Quito (Jorge Calderón) y Cuenca, quienes están siendo procesados por paralizar servicios públicos. Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación privados orquestaron una campaña de desprestigio contra ciertos dirigentes. Tras esta campaña de amedrentamiento, el gobierno y los transportistas llegaron a un acuerdo mediante el cual estos últimos suspendieron el paro a cambio de alzas de los costos en fletes y pasajes en el transporte urbano e interprovincial, exoneraciones tributarias para la importación de repuestos y hasta permitirles que lleven pasajeros de pie en los buses que realizan el transporte interprovincial.
Con este acuerdo, el régimen de Moreno asestó un segundo paquetazo económico que repercutirá gravemente en la economía familiar, más aún cuando no se ha previsto ningún tipo de compensación. El levantamiento del paro, sin embargo, no fue acatado por todos los gremios del transporte, registrándose demostraciones de rechazo al alza de los combustibles en Sucumbíos, Quito y Portoviejo, entre otras ciudades.
Los transportistas, como casi siempre ha sucedido, actuaron defendiendo sus particulares intereses gremiales, sin considerar la afectación al conjunto de sectores populares.
Cuando los dirigentes empresariales, los medios de información y el gobierno pensaban que la finalización del paro de transportistas significaba el fin de las protestas, irrumpió con mucha fuerza la movilización de las comunidades indígenas en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Cañar y Loja, así como en la región amazónica.
Los indígenas cerraron las carreteras colocando barricadas y árboles, mientras efectuaban concentraciones en las capitales provinciales, como Ambato, Latacunga y Riobamba. El objetivo de la lucha indígena no sólo es exigir la derogatoria del paquete de medidas económicas, sino la suspensión de las concesiones a la minería de cielo abierto y otras reivindicaciones en defensa de la pequeña agricultura, por las que ya se habían manifestado previamente. Los militares, según la CONAIE, ingresaron a los territorios indígenas en varios puntos de la sierra ecuatoriana, allanando casas, usando armas de perdigones y bombas lacrimógenas que impactaron en el cuerpo y los rostros de los manifestantes.
