Tras más de una semana de intensas movilizaciones en Ecuador contra el plan de ajuste neoliberal del FMI impuesto a la población por el presidente Lenín Moreno -del que ahora piden su renuncia- organismos informan de al menos cinco personas muertas, lo que ha afirmado más aun las posturas de las comunidades indígenas quienes pese a la presencia militar en las calles han ocupado edificios públicos para realizar asambleas para la toma de decisiones, organizando autodefensa de territorios y retenido a 47 militares y ocho policías.
El organismo autónomo del Estado ecuatoriano, la Defensaría del Pueblo -que vela por la protección a los Derechos Humanos en el país- informó la jornada de hoy que desde el inicio las protestas de la población ecuatoriana, principalmente transportistas, campesinos, sindicatos, estudiantes e indígenas, al menos han muerto cinco personas: Cuatro de ellas a causa de las acciones represivas en Quito y otra atropellada por un particular al sur del país.
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Si bien el descontento con el gobierno de buena parte de la población ecuatoriana viene arrastrándose de un tiempo a esta parte, particularmente por el giro ideológico que asumiera una vez en el cargo, aplicando políticas de derecha y acercándose geopolíticamente a Estados Unidos y al «Grupo de Lima» (expulsando, por ejemplo, al periodista Julian Assange de la embajada en Londres), la chispa de este movimiento surge luego del anuncio realizado el martes 1 de octubre por el presidente Lenín Moreno de una serie de medidas y reformas económicas, que manifestantes llaman el «paquetazo».
Éstas implican, entre otras, el fin a los subsidios a los combustibles (que implicó inmediatamente un alza de un 123%), la reducción de un 20% de los salarios con contratos temporales, disminución de vacaciones para el sector público, privatización de organismos públicos y una reforma laboral que busca la flexibilización de los empleos.
Las medidas fueron prontamente resistidas por el gremio de los transportistas, numerosos sindicatos, el movimiento de estudiantes y un sinfín de comunidades indígenas, que decidieron marchar hacia la capital ecuatoriana para exigir el fin de estas políticas impuestas por el FMI a cambio de un préstamo por 4.209 millones de dólares.
A medida que las protestas fueron avanzando en masividad y hacia paralizaciones locales, el 3 de octubre el gobierno decretó estado de excepción y suspendió las clases en establecimientos escolares. A pesar de ello, las imágenes han demostrado que las manifestaciones no han hecho sino crecer, a tal punto que la prensa chilena ya no pudo seguir obviándolas como lo hizo durante los intensos primeros 5 días.
Columnas de comunidades de pueblos originarios agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) marcharon desde distintas provincias hacia Quito, produciéndose fuertes enfrentamientos con las fuerzas policiales, que no escatimaron en el uso de gases lacrimógenos y carros lanza-agua sin desanimarlos. Así que 7 de octubre el gobierno efectuó un movimiento masivo de tropas y tanquetas del ejército con el fin de acordonar el casco histórico de la ciudad, que posteriormente abandonaría para trasladar el gobierno a Guayaquil.
Los y las manifestantes sobrepasan la presencia militar y policial, han logrado quemar tanquetas, ingresaron a la sede del poder legislativo y otros edificios públicos como la «Casa de la Cultura», cuya toma se ha transformado en un lugar de encuentro y organización. En este lugar, que era usado como espacio para el velorio de 4 manifestantes muertos durante las protestas de ayer miércoles, la comunidad identificó y retuvo a ocho policías y dos agentes de inteligencia que intentaron infiltrarse.
Los ocho retenidos por la CONAIE fueron entregados horas más tarde a representantes de organismos internacionales de Derechos Huamanos presentes en Quito para luego salir a marchar por la ciudad. Sin embargo, antes de aquello, los policías protagonizaron una potente imagen: Les hicieron cargar los féretros de los manifestantes muertos.
Policías cargando ataúdes de manifestantes muertos en la Casa de la Cultura de Quito
Por su parte, mediante un comunicado la Unión de Organizaciones Indígenas del Cantón Saquisilí JATARISHUN, señala que han iniciado una política de autodefensa en los territorios de sus comunidades ante la agresión de agentes del Estado, efectuando la retención de 47 efectivos militares para, en sus palabras, garantizar los derechos humanos, físicos, psicológicos y de sobrevivencia en situación de conmoción social.
Todo hace indicar que las manifestaciones se mantendrán en una crisis que no tiene una pronta salida y las únicas soluciones que se vislumbran son echar pie atrás desobedeciendo al FMI (cosa que el mandatario ha señalado enfáticamente que no realizará) o la renuncia de Lenín Moreno a la presidencia de Ecuador, que se transformado en la demanda principal en este momento dado los acontecimientos.
