(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, educador)
La tolerancia para con quién diciente no es una característica destacable de la sociedad salvadoreña, que estructuralmente niega “al otro” en favor de sí misma, lo que puede apreciarse en los pobres espacios que, para el caso, la política oficial ofrece en el presente a quienes lo cuestionan, lo que a su vez es imitado por el resto de las estructuras sociales del país.
Tal conducta tampoco es del presente, pues el autoritarismo ha sido una práctica de lo más cotidiano, admitida al grado de naturalizar el que cuando una nueva administración se instala en CAPRES, esta destituye por desconfianza a varios cuadros laborales estatales, para ser estos sustituidos por miembros de su opción política, lo que lamentablemente hemos observado con crudeza de la actual administración.
Vale, sin embargo, recordar el que durante la administración Funes, no se realizó tal práctica, siendo por ello criticado incluso por sus partidarios, pues los espacios que sus correligionarios esperaban ocupar, seguían bajo la férula opositora.
Es el único episodio en él que se procuró establecer una cultura de gobierno que valoriza la estabilidad laboral en razón de la experiencia y formación acumulada de los cuadros en cuestión, y a pesar de lo altamente politizado de estos.
En otra línea y para poner en contexto, el periódico Co Latino ha sido en varias ocasiones víctima de múltiples atentados, que desde el Estado sus agentes realizaron en contra de su infraestructura y operarios.
Recordamos para el caso los incendios provocados en 1982 y en 1992, ambos por la derecha; tampoco debemos olvidar como bajo la gestión Martínez, ´éste fue cerrado en varias ocasiones, así como reprimidos sus trabajadores de manera permanente y hasta el final de la dictadura.
Es decir, a lo largo de su existencia le ha caracterizado, como a otros medios alternativos en el presente, el seguir una línea crítica para con el Estado, que es saludable y deseable por parte de los medios de comunicación, quienes deben ser difusores y promotores de ideas, como del consecuente debate, para, pulsando las diferentes orientaciones en un espacio que favorece la tolerancia y la democracia, estimular la reflexión ciudadana.
En ese sentido, el que la institucionalidad se vuelque a revisar las cuentas de algunas entidades oficiales y privadas no es dañino, y en cambio debiera ser lo cotidiano; sin embargo, cuando claramente las revisiones en punto fijo se realizan con dedicatoria, con el expreso propósito de utilizarlas para cancelar a un medio de comunicación, que es el caso presente, no solo son reprochables y condenables – porque no responden a una sostenida política de saneamiento fiscal sino conducidas con un carácter revanchista y persecutorio -, que pasa por alto intencionalmente a los grandes evasores y delusores del fisco, a quienes todos conocemos.
Finalmente debemos subrayar el que el Estado debe abanderar las libertades constitucionales, por lo que la falta de su parte contra estas es punible, ilegitimándolo, derivando en la indignación ciudadana que ello debiera supone, y siendo esta quién imponga la razón de la ley.
