Por tercera ocasión El Salvador se sometió al Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos (EPU). Los Estados miembros de las Naciones Unidas evaluaron el avance del país y le hicieron una serie de recomendaciones.
La comitiva de El Salvador encabezada por la viceministra de relaciones exteriores Ana Geraldina Beneke resaltó como un avance la derogación de la Ley de Amnistía y la creación de una unidad especial fiscal que investiga crímenes de guerra.
Entre otras iniciativas, la viceministra resaltó que en 2018 fue oficializada la Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad ocurridos en el contexto del Conflicto Armado de El Salvador. Señaló que el país cuenta con la Mesa Intersectorial de Justicia Restaurativa y en 2017 fue creada la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas (CONABUSQUEDA). La Viceministra mencionó como relevante la orden del presidente Nayib Bukele de retirar el nombre de Domingo Monterrosa de la fachada de la Tercera Brigada de Infantería.
Pese a esos avances señalados por el Estado Salvadoreño algunos países miembros como Francia recomendaron que “los proyectos de ley sobre reconciliación nacional no debiliten los derechos de las víctimas garantizando que no se dé amnistía a algunas categorías de crimen y que no se limiten los casos a enjuiciar a una vista única no revisable. Que no incluya el principio de evitar la pena de cárcel para la mayoría de casos apoyándose en limites de edad”
Alemania recomendó que se ratifique el Protocolo Facultativo para la Convención y Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y se tomen medidas para proteger a las mujeres y a la comunidad LGBTI de la violencia.
Entre las recomendaciones más reiteradas por los países está legislar en el tema de desplazamientos forzados, no criminalizar a las mujeres por problemas obstétricos y proteger a los defensores de derechos humanos.
Otra recomendación muy mencionada fue reconocer el agua como derecho humano. La Delegación de Guyana recomendó al Estado salvadoreño crear “una ley marco regional sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento y que tome medidas para garantizar acceso al agua potable para comunidades y grupos vulnerables”.
La recomendación en el tema del agua fue bien vista por Xenia Marroquín del Foro del Agua, quien dijo que las recomendaciones “son precisamente una ratificación de la lucha histórica que está realizando el Foro del Agua en nuestro país. Son vigentes porque son deudas históricas que el Estado salvadoreño no ha cumplido”.
Los países reconocieron como positivos los programas creados por la Secretaría de Inclusión Social y el Plan El Salvador Seguro; sin embargo dichos programas fueron desmontados por el actual Gobierno y la comitiva salvadoreña omitió dar explicaciones.
Saúl Baños de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, considera que de parte de El Salvador hubo un doble discurso: “Creo que la delegación no ha informado que ha desmontado la Secretaría de Inclusión Social … La pérdida de esa institucionalidad que venía capitalizando es una especie de retroceso por parte de El Salvador. Yo creería que la delegación de El Salvador debería tener la decencia de decir ‘miren ya dejamos de hacer esto’ porque están asumiendo como cosas positivas algo que ya desmontaron, eso es preocupante”, señaló Baños.
Los países le dieron el visto bueno a la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y levantar su reserva a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.
Sin embargo fueron más las recomendaciones en temas de derechos de las mujeres, niñez, víctimas de la guerra y de la violencia actual, así como derechos sociales y económicos de los salvadoreños.
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Delegación salvadoreña en la ONU