(Por: Róger Hernán Gutiérrez*)
La Cn.de la República art. 42, mandó a las empresas públicas y privadas a instalar salas cunas y lugares de custodia para niños de las personas trabajadoras. Eso “no pesó” en la mentalidad y funcionalidad de las empresas—privadas y públicas—acá no hubo competencia y tanto la empresa pública igual que la empresa privada se hicieron de los panes para darle efectivo cumplimiento.
En toda la sociedad salvadoreña, se oye que la Constitución es infalible y debe cumplirse a cabalidad, cuando la sociedad empieza a profundizar la moral equivocada y llena de hipocresía no queda más remedio que cambiarla, es una tarea que muchos pueblos están luchando por hacer, dado que la forma en que han sido diseñadas por el poder y sin la participación de la gente denotan claros sesgos de favorecimiento a los grupos dominantes en detrimento y perjuicio de la mayoría poblacional.
En algo lo social se fue introduciéndose desde la constitución de 1950, retomada en la del 62 y posterior de 1983, han arrastrado situaciones de incumplimiento que las salas de lo constitucional, han sido cómplices de permitir su inconstitucionalidad, en otras sociedades el actuar de oficio demuestra un mejor control constitucional, dado que la admisión de recursos y demandas por problemas de constitucionalidad, están delimitados por el poder, así tienen factibilidad o son desechados en tanto responden a grupos dominantes o grupos poblacionales sin la fuerza para presionar por una real y verdadera justicia social.
El asunto laboral que no pesa está centrado en esos vaivenes, donde se impone el factor costo y no la parte correspondiente a lo socio-laboral. La tragedia del pueblo salvadoreño empobrecido es que tiene limitaciones para ejercer derechos como la maternidad—en tanto los ingresos para apoyar la vida de niños y niñas en condiciones adecuadas de sanidad y protección bio-psico-social, pareciera no importar, sin embargo los grupos dominantes apelan por el derecho a la vida, por empleos y salarios adecuados, siendo ellos mismos los que luego con su acción de poder y de control económico deciden quiénes tienen derechos y quiénes no.
El derecho a maternidad no se limita sólo a la atención pre natal, la atención gineco-obstetra y luego pediátrica a través de la cobertura y protección del ISSS, así como a la situación de licencia por maternidad, centrada hoy en 16 semanas, que han costado muchos sacrificios y pérdidas de vidas humanas para elevarla a ese número.
El derecho de llevar a la maternidad a un nivel de suficiencia del beneficio socio-laboral es la intención y la meta, la limitación es el pensamiento empresarial obtuso que está centrado en que sus costos es lo importante y se verán afectados al cumplir la norma constitucional, pero lo hacen cuando la población va presionando y en una postura crítica presentó el recurso de inconstitucionalidad por omisión dado que las empresas han incumplido históricamente el derecho a salas cunas y custodia de los menores de manera irrestricta que contempla el art.42.
Ahora luego de una vacatio legis de 2 años, y sumado al periodo de omisión de 35 años, aun la aplicación efectiva de este derecho sigue sin cumplirse, justificando que el reglamento interno, no está desarrollado, y se habla que el actual gobierno ya lo tiene encaminado, desde 2018 que fue discutido en la Asamblea Legislativa el mandato de la sala, ha pasado tiempo sin que la institucionalidad haga partícipe a la sociedad para que los intereses y necesidades de quienes harían uso de esos lugares den su aporte; y se contengan en el reglamento interno.
Lo que hemos sabido es que la instancia Consejo Superior del Trabajo, ha determinado llevar el asunto a una nueva prórroga de tiempo en tanto no se está preparado por los estamentos empresariales, para una efectiva práctica en la aplicación de este derecho. En suma sólo demuestra que la dilación per se es parte del juego del poder, y los diputados en lugar de acordar la efectividad del mandato constitucional, lo que hizo fue proteger los intereses económicos de las empresas privadas y públicas, dejando por fuera los intereses de la parte afectada—la clase trabajadora.
La lucha social es siempre una respuesta a tanta impunidad y falta de compromiso hacia las necesidades de la gente, la cartera de trabajo, el ISSS, el Ministerio de Salud, y otros tienen que ver mucho en el cuido y desarrollo de la niñez, con los centros privados y públicos que existen en el país—el traslado de la experiencia donde ya se tienen estos servicios es de sumo importante y antes de establecer una prórroga se observe y revise el grado de interés económico, dolosidad e incompetencia que puede estar predominando el cumplimiento de este derecho.
