Abierta a comentarios hasta el próximo 19 de diciembre, la normativa prevé cambios en materia de deportación y asigna a los funcionarios y a los jueces de inmigración la tarea de evaluar las condiciones más apropiadas según el tipo de solicitante.
Expone que los solicitantes tengan acceso a solo uno de los sistemas de protección de los países signatarios de los denominados Acuerdos de Cooperación de Asilo, para lo cual se adopta la deportación acelerada.
También establece la autoridad de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para determinar si los extranjeros son aptos para solicitar asilo bajo esos pactos, y de los jueces de inmigración en materia de deportación.
Dicha norma se prevé aplicar a quienes lleguen a un puerto de entrada de Estados Unidos o intenten hacerlo y pidan asilo, aunque podrán decidir si abandonan su solicitud antes de que sea considerada bajo uno de los convenios con los países centroamericanos.
Según la administración estadounidense, su sistema está ‘sobrecargado’ por la llegada de miles de migrantes en los últimos años, y existe un retraso de 987 mil 198 casos pendientes de resolución, incluidos 474 mil 327 de asilo.
Para la abogada Melissa Crow, del Southern Poverty Law Center, una organización no gubernamental que defiende los derechos civiles, resulta un ultraje enviar a migrantes vulnerables a países que son claramente incapaces de brindar protección o incluso seguridad básica.
