El 24 de octubre el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, que lleva el caso El Mozote, emitió una resolución en la que pidió al presidente Nayib Bukele entregar los archivos militares al juzgado.
Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal Dra. Maria Julia Hernández y acusador particular en la masacre El Mozote aseguró que el presidente puso a su disposición los archivos militares, por medio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
El juzgado ha recibido 42 actas de diferentes destacamentos militares que señalan la inexistencia de archivos sobre los operativos militares, pero con ésta disposición presidencial se abre la posibilidad de encontrar información importante que ayudará a esclarecer crímenes de la guerra, no solo de la masacre El Mozote.
“Abrir los archivos puede ser un abanico de información que se puede encontrar, no solo para el caso del Mozote. Puede ser para muchos casos que se cometieron durante el Conflicto Armado, llámese caso de Monseñor Romero, de la masacre del Sumpul, padres jesuitas y muchos más”, dijo el abogado de Tutela Legal.
Otra novedad del caso es que el 01 de noviembre dos ex militares del batallón Atlacatl se convirtieron en testigos presenciales y han dado información que corrobora la participación de los militares en la masacre, entre ellos Domingo Monterrosa.
Estos testigos “vienen a robustecer más el proceso penal. Señalan la presencia del coronel Domingo Monterrosa en ese operativo, al segundo al mando que era el coronel Natividad Cáceres. Además señalan la combinación que había entre varias estructuras militares , entre ellas la Tercera Brigada de San Miguel y el DM 4 de Gótera”, expresó Medrano.
Con esta información, según el bogado, el juez tiene elementos para que a final de este año o inicios del otro termine la fase de instrucción.
El proceso judicial sobre la masacre El Mozote inicio en 1991, pero fue bloqueado por la Ley de Amnistía. Se abrió nuevamente en 2016 y desde entonces el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, lleva el caso. Fue él quien como parte del proceso solicitó al presidente abrir los archivos militares.
