El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentó esta semana un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado hecho llegar a nuestra sala de redacción en el cual solicitan que se investiguen los hechos expuestos por diversas noticias periodísticas , donde algunas acciones del actual Fiscal Adjunto, Allan Hernández, podrían haber reñido con la ética que debe guardar un empleado público del sistema judicial y sus órganos auxiliares; asimismo, acciones que podrían constituir actos o delitos de corrupción. Estas noticias periodísticas pudieron dar lugar a investigaciones de oficio, no obstante, esto no habría ocurrido y, por tanto, se presentó tal aviso.
El IDHUCA además, solicita que la investigación se realice de forma debida y diligente. En consecuencia, que el Fiscal Adjunto sea separado de todo conocimiento de la misma, así como de otras investigaciones que pudieran ser conexas, por el conflicto de intereses que esto supondría.
En ese sentido, recomiendan que la investigación se oriente en indagar si el Fiscal Adjunto, junto a otras personas, han realizado otras acciones que también pudieran ser hechos punibles; y, además, para identificar si los casos mencionados en las noticias periodísticas se relacionan con otros casos que pudieran estar conectados bajo un esquema de red, por la naturaleza de los delitos o las personas involucradas en los mismos; es decir, un esquema de red muy propia de los delitos de gran corrupción.
El aviso presentado también advierte que la investigación se inicie para que no prescriba la acción penal que pudiera incoarse, en caso de encontrar hechos punibles. Pues, de lo contrario, la Fiscalía General
de la República estaría omitiendo cumplir con su obligación constitucional de investigar y, en su caso, ejercer la acción penal, en tiempo y forma; lo que podría generar responsabilidades legales, para quienes no realicen las acciones correspondientes.
Finalmente en la misiva exponen que, dado que la Fiscalía General de la República ha manifestado su compromiso de combatir la corrupción, en el marco de sus atribuciones, recomienda que se cree una comisión especial y/o solicite el apoyo internacional que sea necesario, con el fin de garantizar la neutralidad e imparcialidad de las investigaciones en sí mismas y ante la ciudadanía.
