Hoy Colombia toda es un hervidero popular de confrontación con un Gobierno neoliberal, que gasta más dinero y tiempo de trabajo en tratar de desestabilizar a Venezuela que en aporte en su propio país.
Un artículo del diario estadounidense The New York Times, con el título de «Colombia, el país de las urgencias postergadas», describe el dramatismo vivido por el joven estudiante de 18 años, Dilan Cruz, que demandaba, junto a otros miles de jóvenes, el acceso a la educación superior, cuando fue muerto por el escuadrón antidisturbios de la policía colombiana el 23 de noviembre, el mismo día en que se graduaba de bachiller.
Comienzo mi comentario con el uso de esta fuente informativa y con la advertencia de que hay verdades imposibles de ocultar: lo que sucede hoy en Colombia es una de ellas.
Ese país, quizá como muy pocos en la región, conoce muy bien de flagelos como la violencia, el terror, el narcotráfico, el paramilitarismo, y también de la falta de una política coherente por parte de los gobiernos de derecha, de manera que se pudiera poner coto a la total impunidad y a la disfrazada actuación de funcionarios y hasta gobernantes, que han convivido con esa realidad.
En ese entramado político y social han existido, y existen, movimientos guerrilleros que no han logrado unirse para integrar una fuerza única, y han coexistido y sufrido en un universo de acciones militares, actos terroristas llevados a cabo por fuerzas paramilitares, así como la impunidad de los narcotraficantes protegidos por quienes reciben grandes sumas de dinero para que el ejército o la policía no los combatan.
No por casualidad es muy común oír decir que en Colombia el poder gubernamental está sujeto por incontables hilos, entre ellos el de los narcos y los paramilitares.
Cincuenta años de guerra, durante los cuales los muertos y heridos suman cientos de miles, parecían llegar a su fin cuando las guerrillas de las farc y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, luego de largas conversaciones y esfuerzos internacionales para evitar la fractura de las mismas, firmaran en La Habana el Acuerdo de Paz, considerado como el más importante acontecimiento en la nación colombiana en los últimos años.
Mientras, la otra guerrilla, la del Ejército de Liberación Nacional (ELN), inició conversaciones de paz con el Gobierno, que fueron interrumpidas bruscamente una vez llegado al poder el presidente Iván Duque, en 2018.
El nuevo mandatario del partido Centro Democrático parece convertido en un personaje movido por las hábiles maniobras de Álvaro Uribe, quien ha apostado siempre por acabar con los Acuerdos de Paz y mantener, si no el apoyo directo, la discreción necesaria para que los paramilitares sigan imponiendo su ley, la de matar a exguerrilleros, campesinos, indígenas y dirigentes sociales comprometidos con la paz.
Uribe, además de haber comulgado con un accionar político contrario en todos los aspectos al proceso de paz con las guerrillas, tiene un abultado aval de vínculos con sectores interesados en desestabilizar a Venezuela y se opone, además, a todo proceso integrador de la región.
Para este señor, América Latina no debe llegar nunca a ser una zona de paz, como lo aprobó la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pues ello conllevaría a la no justificación de la impunidad con que actúan los grupos paramilitares.
No olvidar que en territorio colombiano existen, además, nueve bases militares estadounidenses, no pocas veces denunciadas por supuestos
vínculos con el narcotráfico, y tampoco obviar que Estados Unidos es el mayor consumidor de droga a nivel mundial.
Padece Colombia de una verdadera metástasis que, gracias a Álvaro Uribe y sus continuadores, ha hecho de la frontera colombo-venezolana un escenario de conflicto, por donde penetran paramilitares de ese país a realizar acciones terroristas en suelo vecino y también por donde esas fuerzas, apoyadas por Duque, llevaron al impostor autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, a territorio colombiano bajo conducción y protección de un grupo conocido como «Los rastrojos».
Hoy Colombia toda es un hervidero popular de confrontación con un Gobierno neoliberal, que aplica medidas contrarias a las necesidades de los ciudadanos y que gasta más dinero y tiempo de trabajo en tratar de desestabilizar a Venezuela que en aporte en su propio país, para quienes sufren de la pobreza, el alto costo de la educación superior y la inseguridad ciudadana.
Las masivas manifestaciones de estas últimas semanas se iniciaron por el rechazo a las reformas laborales y a las pensiones del gobierno de Iván Duque. Pero se han ido ampliando de manera que ahora se exige la renuncia del presidente, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbio (Esmad), causante ya de varias muertes y más de 700 heridos.
Concluyo con una opinión autorizada sobre Colombia. Se trata del economista británico James Robinson, profesor de la Universidad de Chicago, quien argumenta: «La élite en Colombia vive como si estuviera en el primer mundo, estando en un país predominantemente pobre y de los más desiguales».
Autor del libro Por qué fracasan las naciones, Robinson plantea que «la prosperidad de un país depende de la inclusión social, política y económica». Y en el caso colombiano, dice, la exclusión generó guerras, pobreza, narcotráfico, según se publica en una entrevista con BBC Mundo.
Por todo ello, considero que será muy difícil, pero posible y necesario, encontrar cura para la metástasis colombiana.
