De la misma forma que hace unos días, se cuestionó a la Fiscalía bajo la administración de Douglas Meléndez, por no haber investigado la posible responsabilidad penal de David Gutiérrez, en el caso penal promovido con relación al “Boulevard Diego de Holguín”; por el que según la defensa penal del licenciado Jorge Nieto, éste ha sido condenado a partir de cuestionables pruebas y de una irregular actividad procesal de la representación fiscal; ahora se conocen nuevos elementos que comprueban que la Fiscalía General de la república (FGR), por órdenes de Meléndez, fabricó las acusaciones en contra del empresario Enrique Rais, sobre conductas que sabían que no eran delitos, además de sorprender a autoridad judiciales vinculándole viajes, proporcionado por otros empresarios y que el exfiscal escondió y generó fraude procesal, de acuerdo con sus abogados.
El caso de la aeronave N750EL
Los agentes fiscales al momento de presentar la acusación contra el empresario Enrique Rais, con relación a las aeronaves en que viajó el exfiscal general Luis Martínez hacían ver que había un total de cuatro viajes que fueron realizados en la aeronave matrícula N750EL, de Enrique Rais y esa aeronave el fiscal Douglas Meléndez siempre se supe que pertenecía al exprimer designado a la Presidencia de la República del gobierno de Elías Antonio Saca, pues el monto que representaban esos vuelos a estimación de los fiscales era superior a los $60 mil dólares, el cual escapaba de la capacidad económica del exfiscal, Martínez. Los vuelos a que hacían referencia fueron realizados uno con destino a Trinidad y Tobago y el otro a Costa Rica, ambos saliendo desde El Salvador, expusieron los abogados.
De acuerdo a uno de los abogados del señor Rais, consultado por este medio, su cliente nunca ocultó que hubiere facilitado aeronaves con el fin de apoyar las actividades institucionales de la FGR y en protección de la integridad física del entonces Fiscal General, en virtud de su cargo, “lo cual quedó demostrado por el equipo de litigantes que participó en representación del Estado de El Salvador en los arbitrajes internacionales en el CIADI. Sin que hubiera de por medio un trasfondo o beneficio como lo reconocen los mismos jefes y exjefes de Unidades Fiscales, que jamás recibieron órdenes de las autoridades de la institución de favorecer a Rais en ningún expediente de investigación”, subrayó. También expresa el abogado, que ahora se conoce que la práctica de facilitar aeronaves a la FGR durante la administración de Luis Martínez fue realizada también por otros empresarios, con el fin de apoyar a la institución. “¿Por qué esos otros empresarios no son investigados? porque en realidad no hay ninguna conducta penal en esa acción y los fiscales lo saben. A lo sumo podría evaluarse si hay una infracción ética, pero al señor Rais, ni siquiera le permitió el Tribunal de Ética defenderse, razón por la que todavía está en curso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional”, acotó.
Este abogado, confirma que al revisar la matrícula de la aeronave N705EL, estaban “claros que ese avión no tenía relación con Enrique Rais; sin embargo, transcurría la etapa de instrucción y fiscalía mantenía esa información oculta, lo que provocó que la defensa solicitara al Juzgado de Instrucción que lleva la causa, que ordenara la presentación de los manifiestos de vuelo de ambos viajes. Lo que fiscalía informó en uno de esos vuelos fue que no contaban con esos manifiestos y en otro que la aeronave había partido únicamente con los pilotos”.
Sin embargo, la defensa remarcó que no descansó para que se indagara la propiedad de la aeronave, “lo cual finalmente fiscalía reconoció que la misma está vinculada con el señor Elías Bahaia, empresario y quien fuera primer designado a la Presidencia durante el Gobierno de Tony Saca. Luego, al conocer de este hecho, la defensa solicitó que se entrevistara al piloto de la aeronave, capitán Arturo de Jesús Soley, quien efectivamente confirmó que en ese avión transportó el día 9 de abril de 2015, al entonces fiscal general Luis Martínez, quien iba acompañado de tres personas con destino hacia Trinidad y Tobago, partiendo del Aeropuerto de Ilopango. El piloto se refería al viaje realizado del 9 al 11 de abril de 2015. Sin embargo, los fiscales no relacionaron ese viaje, ni las personas que acompañaron al exfiscal general, en el análisis de vuelo que acompañaron con la acusación contra Rais”.
En su entrevista, “el piloto también confirma haber llevado en el avión N750EL, al entonces fiscal general Luis Martínez y otras personas que lo acompañaban, con destino a Costa Rica. Aunque manifestó no recordar la fecha. Sobre este vuelo, los fiscales, únicamente detallan que se realizó del 9 al 12 de diciembre de 2013; no obstante, tampoco hay detalle en la acusación penal, de análisis sobre las personas que viajaron en la aeronave. Sin embargo, se ha podido corroborar con información adicional de resolución 147-UAIP-FGR-2014, emitida por la Unidad de Acceso a la Información que en ese viaje acompañaron al exfiscal general, los señores Mauricio Antonio Yanes Morales, Edgar Márquez, Saúl Ernesto Morales, Ramón Iván García, Francisco Antonio Vides y Julio Adalberto Arriaza. ¿Por qué razón la fiscalía ocultó durante toda la instrucción esta información?”, cuestiona el abogado.
“El piloto en su entrevista, expresa que no tiene idea de por qué en esas fechas viajó en la Aeronave N750EL, el Ex Fiscal Martínez, pues el mismo se utiliza normalmente para vuelos del personal de la empresa dueña del avión o familiares de ellos, entre los que menciona a los señores Simán”, agregó el profesional del derecho.
Las otras aeronaves en que viajó el exfiscal
Para los abogados de Enrique Rais, queda claro que las imputaciones penales contra su representado son ilegales, ya que se sostienen únicamente en declaraciones efectuadas por personas que han confirmado que fueron coaccionados para suscribir tales confesiones y que durante el proceso penal que se les instruye también han corroborado que siempre actuaron conforme a derecho; “por lo que se ha criminalizado en contra del señor Rais, una acción que se constituía una práctica realizada también por otros empresarios que brindaban apoyo institucional y personal al exfiscal general, Martínez, facilitándole sus aeronaves para el desplazamiento en territorio nacional o al extranjero. De manera que para dejar esto claro han solicitado al juzgado que también requiera información sobre estos otros aviones y helicópteros, entre ellos uno vinculado al señor Tomás Regalado Dueñas”, indicaron.
Antecedentes. El caso corruptela
El 18 de octubre de 2018, y después de una amplia conferencia realizada por Douglas Meléndez, se judicializó el que denominó “Caso Corruptela”, el cual se basaba en una supuesta estructura administrativa dirigida por el entonces fiscal general, Luis Martínez, quien ha cambio de dádivas recibidas del expresidente de la República, Mauricio Funes; así como de particulares como Aldo Parducci y Enrique Rais había omitido la realización de investigaciones y favorecido en otros casos de interés de este último.
En el requerimiento fiscal, que contaba con la referencia 28-UIF-2016, los agentes fiscales David Ramírez, Héctor Martínez, Sergio Paredes, Harold Córdova y Santos Inocente Segura, acusaban a Enrique Rais de haber cometido dos delitos de cohecho activo, consistentes en la entrega de dádivas por medio de faciltarle vuelos en aeronaves privadas, al exfiscal general Luis Martínez. Precisamente en la acusación detallaban una serie de viajes realizados por el exfiscal general, generalmente acompañado por sus asesores o fiscales auxiliares; también relacionaban como evidencia las “confesiones extrajudiciales” brindadas por cuatro agentes fiscales, con los que afirmaban que se constataba la forma en que se habían manipulado expedientes según el señor Rais fuere víctima o imputado.
Sin embargo, “no se tomaba en cuenta que se habían realizado distintas entrevistas a exdirectores, jefes y exjefes de Unidades Especializadas, quienes reconocían haber volado por efectos institucionales en aeronaves relacionadas con Enrique Rais; sin embargo, en ningún momento habían recibido órdenes o instrucciones para actuar de forma contraria a la ley o para favorecer a Rais. Entre los entrevistados estaban el entonces director de la Zona Oriental de la FGR, German Arriaza, el actual fiscal adjunto, Allan Hernández, el entonces Jefe UIF, Jorge Cortez y el entonces asesor del fiscal general y actual magistrado de Cámara Ramón Iván García”.
Los fiscales que renunciaron al criterio de oportunidad
En enero del presente año, con la toma de posesión material en el cargo, por parte del Fiscal General, Raúl Melara, se conoció que seis de los sujetos que aparecían como testigos criteriados en el caso corruptela, habían procedido a interponer denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y ante Auditoría Fiscal, siendo el motivo el hecho de haber sido coaccionados por otros agentes fiscales que llevaban la investigación del caso corruptela, obligándolos a suscribir confesiones que ya les tenían preparadas y que no coincidían con la verdad de los hechos.
En el mes de julio de este año, la Jueza 7° de Paz aceptó la renuncia del criterio de oportunidad. Y a la fecha se encuentran procesados en virtud que la fiscalía les presentó requerimiento fiscal por delitos de falsedad documental agravada, atentado contra el derecho de libertad y peculado, en el expediente 13-UECLA-2019. Sin embargo, sus confesiones que a criterio de distintos abogados defensores consultados constituyen prueba prohibida con la que se dio origen al caso, siguen estando incorporadas en el caso corruptela como prueba y base para la orden de captura existente contra Rais.
Una persecución penal selectiva y fabricada
Los abogados de Rais, concluyen afirmando que todo este proceso penal es un montaje, que fue ordenado por Douglas Meléndez, con la intención de perjudicar a su cliente y de buscar la reelección en el cargo; por lo que han solicitado reiteradamente a la FGR que actúe con imparcialidad y transparencia para que se dilucide la realidad sobre las falsas acusaciones contra el empresario, las cuales han tenido grandes repercusiones en sus derechos fundamentales, lo que ha motivado que a la fecha se hayan presentado denuncias a nivel internacional para que se esclarezcan los hechos y se confirme la inocencia que su cliente siempre ha sostenido.
