Miles de centroamericanos han quedado atrapados en la frontera de México con EEUU a consecuencia de los acuerdos alcanzados este año por los dos países, que convirtieron a las autoridades de la nación latinoamericana en una especie de «policía migratoria estadounidense», dijo esta semana el defensor de derechos humanos Edgar Cortez.
«Hasta el año pasado teníamos un discurso humanitario hacia la migración, que buscaba garantizar el derecho a la movilización humana, a darles visas humanitarias a los indocumentados para que pudieran moverse libremente, hasta llegar a EEUU, pero esa primera perspectiva cambió radicalmente, a partir de los condicionamientos del Gobierno estadounidense», señaló Cortez, exsacerdote jesuita con más de tres décadas defendiendo víctimas de abusos de autoridades civiles y militares.
En junio pasado, después que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no detenía el flujo de migrantes hacia la frontera, la administración aceptó desplegar a unos 26.000 integrantes de su recién creada Guardia Nacional para contenerlos.
Decenas de miles de migrantes que languidecen en campamentos del lado mexicano son en su mayoría hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que desde su territorio tratan de llegar a EEUU, pero también hay casos de cubanos y venezolanos e incluso de personas provenientes de países africanos y asiáticos.
El investigador en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia estima que, con el acuerdo suscrito con Washington el 7 de junio, «nos hemos vuelto la policía migratoria de EEUU, dificultando la migración».
«Aceptamos convertirnos, por la vía de los hechos, en un país inseguro, porque miles de migrantes que quieren llegar a territorio estadounidense han quedado atrapados en territorio mexicano sin condiciones adecuadas de salud, de alimentación, ni protección», apunta el especialista, que ha presentado sus testimonios ante instancias interamericanas y del sistema de Naciones Unidas para DDHH.
Los migrantes centroamericanos que cruzan este país, no solo en caravanas, sino también por rutas clandestinas, se ven sometidos a menudo a atropellos y ataques por parte de delincuentes que los roban o los secuestran para pedir rescate a sus familias.
Decenas de organizaciones de las iglesias y la sociedad civil han establecido casas de protección para brindar alimentos y albergue temporal a estas personas.
Supeditación a EEUU
Cortez, quien en el pasado recibió medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por amenazas por su labor como activista, considera que con las decisiones del Gobierno no sólo se han puesto en entredicho las garantías fundamentales de los migrantes, sino que se ha supeditado la política migratoria mexicana a intereses extranjeros.
«Se están afectando los derechos de miles de hombres, de mujeres y niños que quieren salir de sus países por violencia, por pobreza, por muchas otras razones y realmente no estamos teniendo una política propia», cuestionó.
El experto sentencia que «es una política supeditada a los intereses de EEUU y no a los intereses de México y de la región».
El promotor de otras iniciativas civiles como ‘Seguridad sin guerra’, lamenta que «hemos dejado de buscar una postura con otros países de la región de Centroamérica y Sudamérica para tener una posición realmente de protección de los derechos de los migrantes».
Las denuncias han empezado también a afectar la imagen de la nueva Guardia Nacional.
En octubre pasado fueron difundidas imágenes de miembros de esta nueva fuerza armada federal encargada de la seguridad pública atacando a un grupo de migrantes cerca de Tapachula, en el Estado de Chiapas (sur).
Después de esas denuncias, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas anunció que dará capacitación en ese tema a los guardias nacionales, un cuerpo creado este año con una mayoría de integrantes proviene de la policía militar.
Cortez, quien ha ofrecido cursos a mandos policiales en derechos humanos indica que «lo fundamental es que se recuerde que antes que cualquier otro, el compromiso es con los derechos de las personas, especialmente de las más desprotegidas como los migrantes».
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que la cifra de migrantes detenidos en EEUU tras cruzar desde México se redujo en 56% tras el endurecimiento de controles migratorios, pasando de 144.266 en mayo a menos de 64.000 en agosto.
Más tarde presumió que el porcentaje de arrestos en el país vecino se redujo en 70%, para evitar que caiga una especie de espada de Damocles comercial.
Al mismo tiempo la cancillería informó que desde enero de 2019 se registraron 23.607 casos de migrantes que solicitaron ingresar como asilados a EEUU y que ahora esperan en territorio mexicano una respuesta a su petición.
