De acuerdo al dictamen, la Ley especial para la atención y protección de personas desplazadas al interior del territorio nacional, tiene como objeto proteger los derechos fundamentales de salvadoreños en dicha condición, así como de aquellos que se encuentran en riesgo de ser desplazados a través de fases de atención que deberán convertirse en una solución duradera y no temporal.
Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, tras finalizar con el estudio de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado interno, acordaron emitir un dictamen favorable y que sea sometido a aprobación del Pleno el próximo jueves 9 de enero. Los recursos para financiar la Ley deberán proceder de la hacienda pública.
Los parlamentarios avalaron por unanimidad, 35 artículos desarrollados en siete capítulos y una de sus novedades es la declaratoria “de orden público”, es decir que quienes sean víctimas de este fenómeno, antes de que entre en vigencia la normativa, también serán acogidas por la ley, sus beneficios serán retroactivos.
De acuerdo al presidente de esa mesa legislativa, diputado Mario Tenorio (GANA), la institución rectora “de la aplicación y cumplimiento de la ley será el ministerio de Justicia y Seguridad Pública”, la cual tendrá la potestad de definir los recursos para la atención de las personas desplazadas; en ese sentido, planteó: “Retomamos la propuesta de financiamiento que el Ejecutivo hacía en su proyecto para que se incorpore en el Presupuesto General de la Nación y garantizar de esa forma la existencia de fondos”.
La aplicación de la ley deberá garantizar la no discriminación por raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad u opinión política, confidencialidad, inmediata atención, gratuidad y protección de la propiedad y posesiones; principios que según el legislador René Portillo Cuadra (ARENA) el Estado deberá garantizar a las personas desplazadas su vida, seguridad, casa y pertenencias.
La ley contempla además que la persona, grupos familiares o afectados por desplazamiento forzado podrán recibir ayuda humanitaria, asistencia legal, psicosocial y seguridad social con igualdad; sobre esa base, la diputada Cristina Cornejo (FMLN) aseguró: “Le hemos dedicado tiempo al estudio y estamos dando una ley importante al país en esta legislatura y en esta primera reunión de esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es un tema que ha sido invisibilizado totalmente hasta el día de ahora”.
La nueva herramienta jurídica prevé la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente (SINAPI), el cual estaría integrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, como ente rector, además de los ministerios de salud, trabajo, educación, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de garantizar la protección con calidez, en forma inmediata, oportuna y con respeto a la dignidad de las personas desplazadas.
