El pasado 16 de julio de 2019, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia condenó al banco Davivienda a pagar más de $49 millones al empresario salvadoreño Antonio Salaverría, tras un un litigio mercantil de más de 11 años, que se remonta al 2007, cuando la institución financiera rompió de manera unilateral un contrato con el miembro del sector cafetalero, que llevó a su empresa a la quiebra.
Salaverría inició un año después un litigio mercantil, en el cual siguió todos los caminos legales para hacerse justicia y fue hasta el 2019, cuando la ley le amparó al punto de condenar al banco a pagar. En noviembre, el Juzgado Primero de lo Mercantil ordenó el embargo a Davivienda por más de $49 millones, el cual culminó una semana después.
Según confirmó el abogado Luis Mario Pérez Bennett, el proceso de embargo se encuentra en la etapa de liquidación; sin embargo, aún no hay una fecha para culminar ese proceso y reiteró que en El Salvador hacer justicia de manera legal es una guerra sin tregua.
“En este país los grandes poderes económicos se resisten a cumplir con la ley, hace seis meses fueron condenados (el banco Davivienda), no pagan; ahora están buscando un mecanismo tipo penal, según se conoció, lo cual nos demuestra que en este país para hacerse justicia conforme a derecho son luchas desgastantes en todos los flancos, civil, mercantil. Es difícil que un solo cristiano pueda salir adelante”, resaltó el abogado.
Pérez Bennett expuso que luego de que se culminara el embargo, un blog digital comenzó a presentar una serie de informaciones que tenían como objetivo denigrar la imagen de los jueces que había fallado en contra del banco, tratando de restarle méritos al litigio mercantil. “Por eso presentamos un aviso penal a la fiscalía por que estaban utilizando medios digitales para difamar. Lo curioso es que al siguiente día que se interpuso el aviso penal, ese blog desapareció”, mencionó.
“Ahora hemos tenido conocimiento que se ha contratado a un par de bufetes de abogados para iniciar una acción penal contra Salaverría por daños morales, por una cantidad mayor a la que quiere pagar el banco, para buscar una mecanismo de retardar la justicia o el pago de la demanda”, detalló Pérez Bennett.
Según el abogado, la institución financiera no tiene intenciones de pagar y busca retardar ese proceso. “Respetar la legalidad, las resoluciones de los jueces, el estado de derecho contra estos poderes es complicadísimo. Si lo hace acá con alguien que tiene un equipo de abogados, no se diga que sucede con otras personas con menores posibilidades. La judicialización del poder económico es grave. Acá se trata de defender los intereses judicializando casos para evitar pagar. Lo que se espera es que se cumpla con la sentencia”, finalizó.
DENUNCIAN OTRA MANIOBRAS
En redes sociales, se informó sobre algunas nuevas irregularidades que se plantean en torno al caso de la demanda del empresario Antonio Salaverría y el banco Davivienda.
“Mario Salaverría nuevamente usa la Asociación Azucarera para meter presión a la Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaSV). Tiene grandes intereses para que Banco @Davivienda no cumpla un fallo judicial”, expuso.
“¡Ojo! El magistrado de la @CorteSupremaSV Roberto Carlos Calderón se está prestando para torcer la Constitución Salvadoreña y tratar de anular un embargo en contra de Banco @Davivienda”, agregó
Inserción pagada
