Por factores como el cierre de empresas y falta de oportunidades, se estima que a Honduras y El Salvador la actividad delictiva les representa un costo de 16% del PIB, y en el caso de Guatemala, sus pérdidas podrían ascender a 7% de su producción.
En América Central, los costos humanos de la delincuencia siguen siendo de los más elevados del mundo. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el denominado Triángulo Norte, se registran alrededor del 4,5% de los homicidios en todo el mundo a pesar de tener solamente alrededor del 0,4% de la población mundial, precisa un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el informe del FMI: los costos económicos también son elevados. En Honduras y El Salvador, por ejemplo, la actividad delictiva generalizada está costando a estos países 16% del PIB, 13% directamente (debido, por ejemplo, a cierres de empresas) y 3% indirectamente (por factores como la falta de oportunidades de empleo). Y Guatemala podría estar perdiendo 7% del PIB a causa de la delincuencia: 6% directamente y 1% indirectamente.
Dado que estas pérdidas económicas son graves para América Central, que se enfrenta a una pobreza y desigualdad generalizadas, reducir las tasas de delincuencia es aún más importante. Nuestros análisis más recientes incluidos en un estudio del personal técnico muestran que un aumento de 1% del producto per cápita implica una disminución de alrededor de 0.5% de la delincuencia, mientras que una disminución de cerca de 5% de la delincuencia se traduce en un aumento de alrededor de 1% del producto per cápita.
¿Cuál es la magnitud de los costos estimados (directos e indirectos) de la delincuencia? La delincuencia tiene costos directos e indirectos. Los costos directos incluyen el producto (bienes) y los recursos (tiempo y salarios de las víctimas y delincuentes) perdidos a causa de la actividad delictiva, y los recursos gastados en costos de seguridad —tanto públicos como privados— que de otro modo podrían haberse utilizado con fines productivos.
Indirectamente, la delincuencia reduce la actividad económica puesto que las personas internalizan los efectos nocivos de la delincuencia. Entre los costos indirectos cabe señalar la reducción de las oportunidades de empleo, el aumento de la emigración, la erosión de las instituciones y la corrupción. A su vez, todas estas consecuencias exacerban la delincuencia, generando un círculo vicioso.
Si bien los costos directos de la delincuencia pueden medirse (por ejemplo, por número de cierres de empresas), cuantificar los costos indirectos puede ser difícil, porque requiere un estado hipotético de la economía en la que esté ausente la delincuencia, pero todos los demás mecanismos económicos estén presentes.
Nuestros análisis más recientes cierran esa brecha de cómo medir los costos indirectos. Al examinar los patrones de conducta y la lógica de las personas desempleadas que sopesan los costos y beneficios de ingresar a la fuerza laboral en lugar de convertirse en delincuentes, observamos que los costos indirectos de la delincuencia son elevados. Afortunadamente, cuando disminuyen los niveles de delincuencia, los costos indirectos también se reducen, dando lugar a un efecto multiplicador “positivo” de la lucha contra la delincuencia.
En Honduras, observamos que en 2016 los costos indirectos de la delincuencia ascienden a 3% del PIB y los costos directos a alrededor de 13% del PIB. En El Salvador en 2015, los costos indirectos son del 7% y los costos directos del 20%, y en Guatemala en 2015–17 los costos indirectos de la delincuencia ascendieron a 1% del PIB, y los costos directos al 6% del PIB. Esto significa que, por ejemplo, en Honduras, además de los costos observados de la violencia, estimados en 13% del PIB observado, el nivel del PIB podría haber sido un 3% mayor si la delincuencia no hubiera alterado los incentivos económicos.
