(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, educador)
La política pública se define como la suma de acciones orientadas a resolver problemáticas públicas, para lo que la participación ciudadana es tanto fundamental como esencial.
Esto hace de los políticos, servidores públicos, es decir, personas que de manera desinteresada, se desprenden de sí mismas para atender las necesidades del soberano, estudiando y ofreciendo soluciones a problemáticas sociales que de otro modo, no se atenderán; de acuerdo a la elemental definición, que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos ofrece.
Interesante ficción.
Sin embargo en nuestro medio, la política pública se encuentra en tanto descrédito, que solo el último proceso electivo de nuestro país, la inasistencia ciudadana fue tal, que el actual ejecutivo salvadoreño es uno de los que menos respaldo electoral posee históricamente, de acuerdo al TSE, habiendo asistido al evento 2, 701,992, votantes en relación a los 2, 733,168, de la anterior elección, y tabulado una pérdida de un 10% – 51.08% de asistencia a éste, contra el 61% de votantes participantes en las elecciones previas.
¿A qué se debe?
Como ejemplo la asamblea, donde las diferentes representaciones partidarias despliegan un uso arbitrario de las partidas asignadas, abusando particularmente de las contrataciones de “asesores”, con un promedio de 13 contrataciones por diputado y una partida de $6,2 millones de dólares asignada a éstas por el primer órgano.
Para colmo, la mayoría de estos no destaca por logros académicos, investigativos, y o experiencia en el rubro por el cual han sido contratados, sino porque son amigos o familiares de los diputados en cuestión, muchos de los cuales, cobran salarios sin asistir o apenas asistir a sus obligaciones laborales, encontrándose incluso fuera del país, realizando por ello un despliegue abusivo de nepotismo y despilfarro.
Debemos sumar a esto, el perfil de los propios diputados, escogidos de exprofeso no por su prestigio, altura moral, sentido de la ética o formación, sino por su sumisión a los intereses representados, por lo que, digámoslo sin envagues, sencillamente hacen lo que se les dice, sin reparo, convicción o comprensión de las acciones que emprenden, sino llanamente por el salario que devengan.
Son en resumen, una clase desacreditada.
Tampoco el ejecutivo escapa a ése ruedo, pues inició realizando una sumisa imitación del señor Trump, practicando un verticalismo que solo ha dejado de lado, sin abandonarlo por completo, en la medida que el ejecutivo estadounidense es colocado de espaldas por el senado de su país, agravado esto al carecer de logros medibles, además de los presentados mediáticamente, o de algún convenio del que aún no se verá, si se ve, beneficio alguno.
En este contexto, las declaraciones hechas supuestamente por la ex diputada Cristina López, en realidad no sorprenden, por lo que investigar la FGR tal fuente, si bien es necesario, sería más productivo realizara una investigación del aparato político, lo que es improbable, por lo que esto que ahora es noticia en el país, pasará sin consecuencias, para ser una anécdota más, que justifique los futuros abusos de los mismos ahora señalados.
