El presidente francés, Emmanuel Macron, había prometido durante su campaña electoral reformar el sistema de pensiones. La madre de todas las reformas en un país que cuenta con 42 regímenes especiales, a parte del general, y que tiene como objetivo fusionarlos todos y crear un sistema universal por puntos. Aunque quedan aún muchos puntos borrosos, el proyecto se presentó esta semana en el Consejo de ministros. Mientras, en la calle siguen las huelgas y las manifestaciones para frenarlo.
El sistema de pensiones francés actual para el sector privado fue creado en 1945. Está compuesto por un régimen de base, gestionado por la CNAV, Caja nacional del seguro de vejez y por un régimen complementario que es obligatorio. A este régimen general están afiliados el 68% de las personas activas. El resto de trabajadores está sujeto al régimen de los funcionarios y a los regímenes especiales que cuenta con 42 especificidades.
A estos regímenes especiales están afiliados los trabajadores de la empresa pública de metro y autobuses de la región parisina, RATP, los de la empresa de trenes SNCF o los de la electricidad EDF. En el caso de los ferroviarios este régimen tiene en cuenta la dureza tradicional del trabajo pero no es solo el fruto de luchas sociales sino también ideado para fidelizar a los empleados. Fue creado en 1938 con la nacionalización del sector. Los trabajadores del servicio de cloacas, que tienen 17 años menos de esperanza de vida que la media francesa, también gozan de un régimen especial. Hay otros más confidenciales como los de la Comedia francesa, creada en 1680 bajo Luis XIV, o el Banco de Francia. Estos empleados pueden jubilarse antes o con mejores condiciones que el resto.
La edad jubilación en Francia está fijada en 62 años y para tener una pensión completa es necesario haber trabajado 43 años. Hasta 1993 era solo de 37 años. La tasa de reemplazo es del 75% y en promedio la pensión de los franceses es de 1.389 euros brutos. El monto de la jubilación se calcula haciendo una media de los 25 mejores años. En el caso de los funcionarios, ese cálculo se hace a partir de los últimos trimestres cotizados. Por ejemplo en el caso de los maestros, se calcula sobre la base de los últimos seis meses.
Este sistema de pensiones está basado en un esquema de solidaridad entre generaciones. Los empleados cotizan para financiar las pensiones de los jubilados. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), Francia destina el 15% del PIB a las pensiones. Según el Consejo de Orientación de las Pensiones, habrá un déficit de 10.000 millones de euros en el año 2022 y no se alcanzará un equilibrio en las cuentas hasta el 2042. Pero el gobierno de Macron quiere acabar con ese déficit ya en 2025. Los sindicatos y varios economistas cuestionan este déficit asegurando que se trata de un desequilibrio transitorio.
¿Qué cambiará con el nuevo sistema de pensiones por puntos?
El gobierno francés quiere acabar con este sistema tan diverso y crear uno universal argumentando que será más igualitario. Para eso propone una única caja y un sistema por puntos. Con el sistema actual se necesita trabajar hasta 171 trimestres para cobrar una pensión completa. Y para que un trimestre cuente se tiene que haber cotizado al menos 150 horas. Con la nueva reforma, se abandonará el trimestre y el salario como referencia y lo que contará para calcular la pensión serán los puntos.
El cálculo se hará a partir del valor del punto en el momento de la jubilación. El gobierno está trabajando con la hipótesis de que el punto tenga un valor de 0,55 euros por 10 euros cotizados. Si un asalariado ha cotizado 250.000 euros a lo largo de su carrera profesional quiere decir que habrá acumulado 25.000 puntos que multiplicados por 0,55 euros darán como resultado una pensión anual de 13.750 euros netos, es decir 1.145 euros por mes. En cualquier caso, el gobierno se ha comprometido a garantizar una pensión mínima de 1.000 euros.
Otro factor de esta reforma, que de momento se ha aparcado por la presión de los sindicatos, es la introducción de la edad de equilibrio. Si la edad legal para jubilarse se mantiene en 62 años, se introduce otra, a los 64, para incitar a los empleados a trabajar por más tiempo, lo que estaría premiado con una compensación del 5% anual. Por el contrario, los que se jubilen antes tendrían una tijeretazo del 5%. Se trata de una prolongación de facto de la edad legal de jubilación, según denuncian las organizaciones sindicales.
Una de las preguntas sin resolver es quién fijará el valor del punto. El gobierno asegura que el punto será fijado “de manera paritaria por representantes de los empleadores, de los asalariados del servicio público y privado y por los representantes de los trabajadores independientes”. El punto no podrá saltarse “la regla de oro” de esta reforma que debe respetar el equilibrio financiero por un periodo de cinco años.
Y es ahí donde los sindicatos franceses se temen lo peor. Esto es, que el valor del punto esté a la merced de las decisiones presupuestarias del gobierno de turno y que millones de pensiones sean víctimas de los vaivenes del contexto económico. El gobierno repite que el valor del punto nunca podrá bajar y que será revalorizado en función de la evolución de los salarios y no en función de la inflación.
La vía sueca, el modelo de Macron
La reforma del sistema de pensiones no es solo un asunto importante en la agenda política del gobierno francés. En todos los países europeos se han llevado a cabo reformas o se intentan aplicar cambios para alargar la edad de jubilación, los años de cotización o recalcular el monto de las pensiones en vistas a que en unos años el sistema, según algunos economistas, no será sostenible porque el número de jubilados será tan alto que no podrá ser soportado por la población activa. Para otros pensadores, la reforma tendría que basarse en buscar nuevas maneras de financiación sin sacrificar años de cotización ni la edad jubilación.
El gobierno liberal de Emmanuel Macron se inspira para su reforma en algunos aspectos del modelo de Suecia que tiene un sistema de pensiones por puntos desde finales de los años 1990. La edad legal de jubilación en el país escandinavo está fijada en 65 años y debería pasar a los 67 en el año 2026. Hay una parte de la jubilación que la asume el Estado y otra, el sistema de jubilaciones complementario. La lógica es la misma que la reforma francesa. Es decir, más tarde te jubilas, más cobras.
La particularidad sueca es también el cálculo por puntos, un sistema ampliamente rechazado por la mayoría de los sindicatos franceses. El valor del punto varía en Suecia y en tres ocasiones ha bajado. Fue el caso en 2010, 2011 y 2014 por la crisis financiera. Según explica Ole Settergren, jefe del servicio de estadísticas de la Oficina sueca de pensiones, citado por el diario francés Le Parisien, en Suecia “hay casi el doble de personas mayores de 65 años que viven bajo el umbral de la pobreza que en Francia”.
Según el Eurostat, el 16,1% en Suecia contra el 9,5% en Francia. Y la tasa de reemplazo se sitúa en el 45% del último salario, cuando era del 60% antes de la reforma. El gobierno francés asegura que nunca permitirá que el valor del punto disminuya y que garantizará que éste se revalorice al ritmo de los salarios. Los sindicatos franceses no se lo creen.
