Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por el hecho de que el Instituto Nacional de Migración (INM) limite la labor de los organismos civiles encargados de monitorear la situación de los migrantes, acto que coincide con la llegada a la frontera sur de México de una caravana de trabajadores internacionales sin documentos.
En una carta dirigida al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, la directora de investigación de AI, Carolina Jiménez Sandoval, señaló que esta preocupada por las restricciones de acceso a las estaciones migratorias del sur del país, impuestas por las autoridades a varias organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
“Pese a que contaban con su respectivos permisos vigentes para la realización de sus labores de monitoreo de la situación de las personas detenidas, personal de las organizaciones Asylum Access, Formación y Capacitación, Colectivo Kalsilaltik y Voces Mesoamericanas han reportado que se les negó o limitó el acceso a las estaciones de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, san Cristóbal de las Casas, Villahermosa y la Ciudad de México”, alertó el organismo internacional.
Los motivos alegados por las autoridades para ello, agregó, “incluyeron la contingencia relacionada con detenciones de integrantes de la caravana migrante, la presencia de funcionarios entregando información a las personas detenidas sobre el programa Sembrando Vidas, una supuesta circular interna prohibiendo el acceso a una persona y la necesidad de permisos adicionales, entre otros”.
En este contexto, AI recordó que solamente en dos ocasiones, “después de conversar extensivamente con las autoridades a cargo, los equipos terminaron accediendo por tiempo limitado, impidiéndoles realizar adecuadamente sus labores de monitoreo y entrevistar a las personas”.
Aunado a ello, el 13 de enero, el Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdoba” fue informado de que el INM rechazó la solicitud de renovación del permiso de entrada de su personal al estación migratoria siglo XXI en Tapachula. A lo largo del año 2019, la ONG documento y denunció violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en dicho centro.
“Para Amnistía Internacional causan especial preocupación los intentos del INM de limitar la labor que realizan estas organizaciones, que ocurrieron precisamente a los pocos días de la llegada a la frontera sur de México de una caravana migrante Y la detención de más de 3000 de sus integrantes por parte de las autoridades mexicanas”, subrayó Jiménez Sandoval en su carta.
“En este tipo de contextos, en los cuales las personas con necesidad de protección están particularmente expuestas a violaciones de sus derechos y deportaciones contrarios al derecho internacional, (principio de no devolución), es fundamental que el INM permita el acceso a las organizaciones de la sociedad civil.
“En este sentido, varios mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas, incluyendo el Subcomité para la Prevención de la Tortura en su informe sobre su visita a México, y el relator especial sobre personas migrantes han reconocido la necesidad de garantizar que todas las organizaciones de sociedad civil tengan acceso a todos los centros de detención de personas migrantes”, señaló.
Por todo ello,la organización civil le pidió al INM que “sin demora garantice que las organizaciones de la sociedad civil pueden ingresar a las estaciones migratorias y otros centros de detención de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo en el país, de forma que puedan llevar a cabo su trabajo de vigilancia y defensa de los derechos de las personas migrantes”.
