La líder opositora peruana fue detenida esta semana, luego de que la justicia ordenara su retorno a prisión preventiva como parte de una investigación sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht. La decisión es un nuevo golpe al fujimorismo, dos días después de que esa fuerza política recibiera un voto castigo en las urnas.
En su primera reacción a la decisión judicial que ordena su prisión preventiva por quince meses, Keiko Fujimori calificó el fallo como una injusticia, dijo ser víctima de una persecución y anunció que llevará su caso a “gobiernos extranjeros y organismos internacionales”.
“Esto no es justicia, es ajusticiamiento y venganza política”, se quejó Keiko en un breve video, grabado antes de quedar detenida. Acusó al gobierno, a la prensa, a las ONG, de querer “desaparecerla”.
Su abogada, Giulliana Loza, anunció que había apelado de inmediato el fallo, que tachó como una «clara manifestación de aberración jurídica». «Vamos a acudir a todas las instancias nacionales e internacionales» para conseguir que Keiko sea liberada», dijo.
El juez señaló que las evidencias, la gravedad de los delitos imputados, las acciones de la procesada para intentar boicotear la investigación fiscal y un peligro de fuga, justificaban la detención preventiva. Calificó su decisión como “idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta”. La fiscalía la definió como “indispensable” para la continuidad del proceso.
Keiko regresa a prisión dos meses después de haberla abandonado. Antes cumplió trece meses de una primera detención preventiva.
El fallo judicial ocurrió dos días después del colapso electoral de la agrupación fujimorista Fuerza Popular, que perdió unos 60 escaños en las legislativas convocadas por el presidente Martín Vizcarra tras disolver el Congreso en septiembre.
Hasta la debacle del domingo, el fujimorismo, una amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal, conseguía desde 1990 una buena votación en todos los estratos sociales.
