Los 13 militares implicados en la masacre de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA) y sus dos colaboradoras, así como sus familiares y círculo cercano no podrán ingresar a Estados Unidos por “su participación en violaciones graves de los derechos humanos en El Salvador, relacionadas con la planificación y ejecución de las ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas”, según un comunicado difundido por el Departamento de Estado de la nación norteamericana.
“El Departamento tiene información creíble de que las siguientes personas han estado involucradas en violaciones graves de los derechos humanos: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra , Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio”, afirma el comunicado.
Al respecto, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, señaló que esta “información creíble” son sus propias fuentes que las mantienen secretas y que Estados Unidos se ha negado a aportar en los procesos judiciales que se han llevado a cabo sobre este caso, afirmó José María Tojeira, director del IDHUCA.
“Las aportan a veces todas tachadas, a petición de algunos norteamericanos solidarios. También se apoyan tanto en el juicio (1989- 1991) que condenó a una serie de personas y estableció la responsabilidad de otras, y en la Comisión de la Verdad, porque menciona a algunos mencionados en el informe”, señaló el director.
Tojeira cuestiona también que el impedimento de ingreso a los Estados Unidos no se ha dado con otras personas mencionadas en el informe de la Comisión de la Verdad, acusadas de cometer o encubrir crímenes y violaciones a derechos humanos. “Deberían quitarle la visa al teniente coronel Rivas Mejía, o al licenciado Rodolfo Parker, que están mencionados como encubridores de los asesinatos de los jesuitas”, sentenció.
“Reconocer esto al cabo de 30 años y ni siquiera arrepentirse de los esfuerzos por encubrir a quienes realizaron este tipo de actividad es un poco llamativo. Quitarle la visa a estas personas y no quitarsela a los que comandaron al batallón Atlacatl, que estaban al tanto y autorizaron que su gente participara en esto, también es una contradicción”, afirma el director del IDHUCA. El Departamento de Estado de los Estados Unidos finaliza su comunicado asegurando que valoran su relación de trabajo en curso con las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, “pero continuaremos utilizando todas las herramientas y autoridades disponibles, según corresponda, para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró”.
Para Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, un mejor aporte de Estados Unidos para abordar las violaciones a los derechos humanos es desclacificar los archivos del país norteamericano, referente a las masacres y crímenes cometidos durante el conflicto armado, y que hasta el momento, algunos son desconocidos.
