En un pulso entre el Gobierno y la Asamblea, el mandatario exigió a los diputados que den luz verde a la financiación de USD 109 millones para su plan antipandillas. La oposición denuncia militarismo y retroceso en el equilibrio de poderes.
Un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, con armas de asalto y francotiradores, fue desplegado el domingo pasado en la sede de la Asamblea Legislativa de El Salvador junto con algunos de los diputados oficialistas que se presentaron para participar en la sesión extraordinaria convocada por el presidente, Nayib Bukele.
“Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución”, señaló el mandatario, quien se ubicó en la silla que le corresponde al presidente del Congreso, Mario Ponce, que no se hizo presente a la convocatoria. El jefe de Estado hizo una oración y luego salió del salón de sesiones del Congreso para dirigirse a una multitud de personas que lo esperaban en una de las entradas del órgano Legislativo.
Bukele convocó a sus seguidores a rodear el Legislativo y realizó un llamamiento a la “insurrección” para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares (unos 100 millones de euros) que impulse la Fase III del Plan Control Territorial, una iniciativa para mejorar la seguridad interna. El propio Bukele llegó a la Asamblea Legislativa poco después de las 16, hora local, y se dirigió a los diputados presentes, considerados afines a su Gobierno, a pesar de estar en minoría en la Cámara.
“Los diputados pueden votar a favor o pueden votar en contra del financiamiento a la Fase 3 del Plan Control Territorial, lo que no podían hacer era faltar a esta convocatoria, y lo hicieron”, agregó.
“El pueblo tiene derecho a la insurrección para remover a los funcionarios y reestablecer el orden constitucional. Y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar y luego la decisión está en ustedes”, añadió.
Militares y policías de diferentes divisiones, entre estos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), rodearon la sede del Congreso. En las redes sociales circularon videos en el que se observan al menos dos francotiradores que están instalados en uno de los edificios del Ministerio de Educación (Mined), cercano al lugar de la actividad.
Bukele convocó a la ciudadanía a que se presente al Congreso del país para presionar y exigir la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
La oposición de izquierda y de derecha -Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), las dos formaciones más importantes del Parlamento- han rechazado participar en la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a convocatoria del Consejo de Ministros. ARENA incluso ha pedido una intervención de la comunidad internacional “para evitar el rompimiento del orden constitucional en El Salvador y se actúe para suspender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso”.
En medio de las tensiones, el embajador norteamericano Ronald Johnson llamó a las partes “a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma”.
Rechazo
Varios diputados de la oposición denunciaron que agentes de la Policía se presentaron en sus domicilios para trasladarlos a la Asamblea Legislativa pese a que el órgano ha rechazado la convocatoria de una sesión extraordinaria planteada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) Mauricio Ernesto Vargas explicó que agentes de las fuerzas de seguridad se presentaron en su casa para decirle que tienen una resolución “verbal”, pero se negó a acompañarlos. Otros diputados como René Portillo Cuadra, Patricia Valdivieso y Ricardo Godoy también han recibido visita de las fuerzas de seguridad, informa la prensa salvadoreña.
La portavoz del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Nidia Díaz, confirmó igualmente que cerca de doce diputados de la formación están sitiados en sus casas.
Fuerza Armada y policía a las órdenes del Presidente
La noche del viernes, el titular del Ministerio de Defensa, René Merino, reiteró el apoyo de la Fuerza Armada al presidente y afirmó que la institución castrense “cumplirá la ley, aún a costa de nuestras vidas”.
«Estamos esperando órdenes de nuestro comandante general y estamos dispuestos a defender nuestra patria aún a costa de nuestras vidas», dijo Merino durante una conferencia de prensa.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, señaló que la Policía Nacional Civil «espera instrucciones del presidente ante la negativa de los diputados de asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros».
Restricción a la prensa
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se ve a agentes de la PNC impidiendo desarrollar su trabajo a un equipo de la cadena de televisión Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Ante esta situación, la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) llamó a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de seguridad pública a que “respeten el ejercicio periodístico” y condenó “este tipo de restricciones a la libertad de prensa”, en referencia al vídeo publicado por Fespad.
Militarismo puro
El presidente Nayib Bukele busca aprobar un préstamo para combatir las pandillas. La Asamblea Legislativa no lo ve claro y, como respuesta, el líder del Ejecutivo convocó un Consejo de Ministros para refrendarlo. Bukele amenazó a los diputados y aprovechó para mostrar su popularidad sacando a los militares a la calle y convocando a sus seguidores ante el edificio legislativo.
Días de tensión en El Salvador. Legitimado por su alta popularidad entre la población y las fuerzas de seguridad, Bukele amenazó a candidatos de oposición con represalias, como el artículo 87, que permite una insurrección popular para «restablecer el orden constitucional». Como antesala a esa posibilidad convocó para el domingo a la población salvadoreña para que respalden sus objetivos.
El ministro de Defensa, René Merino, aseguró que se cumplirá la ley «aún a costa de nuestras vidas»
La velocidad de los actos incrementó en las últimas horas. Los legisladores argumentaron que el plan aún no ha sido aprobado porque no fue avalado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, que aseguran que el Ejecutivo no ha explicado cómo se va a utilizar el dinero.
Bukele, al no poder llevar sus planes por la vía Legislativa, decidió tomar cartas en el asunto y convocó su propio pleno. Lo hizo rodeando la sede de la Asamblea de militares y policías y prohibiendo la entrada a medios de comunicación. También amenazó con demandar por inconstitucionalidad a los diputados que no asistan. A estos, el viernes, les despojó de la seguridad privada. Además, instaló tarimas en los alrededores del edificio legislativo para que sus seguidores vayan a presionar para que se apruebe el plan.
Desde el Ministerio de Defensa, René Merino aseguró que las Fuerzas Armadas «cumpirán la ley, aún a costa de nuestras vidas», mientras que el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, señaló que la policía «espera instrucciones del presidente ante la negativa de los diputados de asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros».
Óscar Ortíz: «Bukele debe frenar sus amenazas propias de una dictadura»
El ombudsman (Defensor del Pueblo), José Apolonio Tobar, pidió a Bukele que evite los llamados a la insurrección del pueblo contra el poder legislativo: «Pido al presidente que no realice llamamientos al pueblo salvadoreño que pongan al país en condiciones de vulnerabilidad social, mayor a la que ya se tiene, cuando no existen condiciones constitucionales para el ejercicio de la insurrección». El ombudsman le recordó que el artículo 168 solicita de «manera imperativa» que reine la paz social.
Desde la oposición, Óscar Ortíz, secretario general del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) exigió a Bukele «frenar sus amenazas, propias de una dictadura» y señaló que «los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país, pero también para él». Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que estén atentos a los movimientos del presidente.
Por su parte, el diputado Carlos Reyes, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que «active de inmediato los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democrática Interamericana para evitar el cumplimiento del orden constitucional en El Salvador y se actué para defender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso».
