En el país, el diálogo en la política ha sido difícil, cuando no imposible. Y dado el estilo de utilizar el poder en primera instancia para beneficio particular y después, solo en segundo lugar, al servicio de la gente, no extrañaba que surgieran conflictos. La preocupación por esta dinámica se ahondó cuando, hace algunos años, varios partidos políticos, desde sus puestos en el Estado, la emprendieron contra la Sala de lo Constitucional, tratando de expulsar de ella a unos magistrados que actuaban con libertad y se salían de la tendencia a obedecer tanto a los poderes políticos como a los de facto. Hoy la preocupación es mayor al contemplar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en especial por las actitudes de la Presidencia de la República, que amagan con el uso de la fuerza para resolver el conflicto.
El Gobierno ha conseguido un descenso notable de los homicidios en un breve lapso de tiempo. Y en ese marco podría entenderse su molestia ante la lentitud y las dificultades para aprobar un préstamo dedicado a continuar la tarea de reducir la violencia. Pero una cosa es la molestia y otra la amenaza de dinamitar la institucionalidad democrática. Alentar desde el Ejecutivo el derecho a la insurrección es temerario y sumamente riesgoso. La insurrección, que siempre implica formas de violencia, solo puede darse en situaciones muy especiales, y únicamente como mal menor. La Constitución reconoce ese derecho, pero nadie en su sano juicio quisiera una insurrección que recuerde a la guerra civil y que lleve a la constitución de un régimen autoritario. La superficialidad con la que el presidente aborda el tema puede ocasionar que otros comiencen a hablar de insurrección contra el ejercicio de cualquier otro poder del Estado. La violencia comienza siempre por las palabras. Y el Ejecutivo está para limitar la violencia, no para promoverla.
La Asamblea Legislativa, hundida en una debilidad estructural intensa dada su mala gestión en temas de interés general, debe darse cuenta de que necesita legislar en favor de las grandes mayorías. La Asamblea tendría ahora muchos más defensores si hubiera redactado y aprobado una ley del agua que garantizara, como primera responsabilidad estatal, un servicio decente para consumo y saneamiento a todos los hogares de El Salvador; si hubiera legislado una ley de reconciliación en la que estuvieran claramente presentes la verdad, la justicia (incluida la penal), la reparación y las garantías de no repetición; si hubiera emprendido con seriedad la tarea de mejorar y universalizar el sistema de pensiones. La democracia requiere una Asamblea Legislativa que mire a sus representados y sus necesidades, no plegada a las élites y sus intereses. Los diputados son parte indispensable de la institucionalidad. Por ende, tanto hay que oponerse a que los amenacen y coaccionen como exigirles que trabajen con ética, responsabilidad y en pro del bien común.
El Ejército debe recordar que su primera obligación es obedecer a la Constitución, no a personas. El espectáculo que dio entrando en la Asamblea Legislativa como si fuera su dueño fue vergonzoso. En un país más coherente con su propia legislación, al ministro de la Defensa Nacional ya se le hubiera pedido la dimisión. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia debe ser más activa en la defensa de la Constitución y saber dar criterio a tiempo. Es mejor anticipar criterio que quedarse en las nubes del silencio inoperante. La Iglesia nos invita siempre a oponernos a la violencia porque es inaceptable como solución a los problemas y acaba destruyendo la dignidad, la vida y la libertad del ser humano.
La ONU, la OEA, la UCA y otras muchas instituciones de la sociedad civil han insistido en la necesidad de diálogo sereno, racionalidad y respeto a la institucionalidad. Quienes en verdad defienden los derechos humanos no pueden aceptar cambios con violencia ni con abuso de poder. Solo las transformaciones a las que se llega por el diálogo y la concertación son duraderas. Lo único positivo de lo que ha pasado es que ha surgido una defensa masiva de la democracia, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido esa reacción ciudadana e internacional la que ha frenado al presidente, no una supuesta iluminación divina que le pedía paciencia. Ahora toca aprender de lo sucedido y dialogar. Un diálogo no solo entre los tres poderes del Estado, sino también con las necesidades del pueblo salvadoreño.
