Por: Ricardo Oliva
Diferentes organizaciones campesinas que conforman la concertación Vía Campesina en El Salvador, denunciaron este día, las recientes acciones del Presidente de la República, Nayib Bukele, por considerar que son ilegales, prepotentes, abusivas y con clara intención de crear mayores índices de violencia institucionalizada tras invadir el Palacio Legislativo de forma dictatorial.
María Lacalle, coordinadora de la concertación Vía Campesina en El Salvador dijo, “como organización no estamos de acuerdo con las actitudes que realizó el pasado domingo el gobierno de la República, al violentar los derechos humanos y los derechos que ejerce nuestra Constitución de la República, esa irrupción que hizo con los militares y policías al palacio legislativo es una clara violación a los derechos constitucionales” aseguró
Los agremiados condenaron el uso desmedido de la fuerza policial y del ejército violando claramente el orden jurídico y el marco constitucional de la República de El Salvador.
Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que denuncie este lamentable hecho ocurrido en la Asamblea Legislativa, ya que según ellos pone en peligro los Acuerdos de Paz suscritos por la sociedad salvadoreña en 1992.
Por su parte Carlos Rodríguez Rivera, secretario general de la Asociación Nacional de trabajadores Agropecuarios (ANTA) dijo, “el movimiento social ha estado esperando que el gobierno hiciera algo en favor del pueblo, pero resulta que lo que ha hecho últimamente es poner en riesgo los Acuerdos de Paz, que costaron mucha sangre y dolor al pueblo salvadoreño”, aseguró.
Lamentaron la actitud permisiva del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al no exhortar la Carta Democrática, lo cual según los representantes campesinos, lo hace cómplice de este lamentable atropello a la democracia.
Los representantes de la gremial campesina, solicitaron a la honorable Asamblea Legislativa interponer sus oficios para considerar el retiro de El Salvador de ese organismo internacional, que en esta ocasión no ha respondido con la prontitud que el caso amerita.
Los sindicalistas denunciaron que los planes que el gobierno pretende financiar, son para disfrazar acciones en el combate a la delincuencia y en el fondo buscan frenar la migración colocando el foco de atención en el ataque a las pandillas.
Por último, los trabajadores hicieron un llamado a las y los trabajadores, a los sectores de la vida social y productiva a hacer valer sus derechos, sobre todo los más vulnerables.
