Organizaciones de Derechos Humanos y víctimas del Conflicto Armado realizaron esta semana, el sexto plantón denominado “Por la verdad y justicia para las víctimas del Conflicto Armado”, con esta medida las víctimas del conflicto exigen el cumplimiento de decretado por la Sala de lo Constitucional.
Según Eduardo García, director Ejecutivo de Pro-Búsqueda, las medidas cautelares decretadas por la Sala de lo Constitucional en su sentencia exigen a la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley de Reconciliación, la cual debe estar aprobada el próximo 28 de febrero.
“A los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa les quedan 15 días para formular un Ley de Reconciliación Nacional que contenga parámetros internacionales y ponga al centro a las víctimas del Conflicto Armado. Después de 4 años se ha mantenido un desacato. Nuestra protesta también tiene relación con lo ocurrido el pasado domingo, en menos de 24 horas la Sala de lo Constitucional dictó medidas cautelares y ambos órganos del Estado acataron y cumplieron inmediatamente”.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz han pasado 28 años, aunque el Estado salvadoreño ha realizado cambios, estos no han sido sustanciales, ya que en diversas ocasiones este no ha acatado las sentencias dictadas por la sala, vulnerando los derechos humanos, generando impunidad en casos donde las víctimas no han podido acceder a la justicia y reparación, implicando para el Estado que no hay democracia, existiendo un retroceso, manifestó García.
“Es un objetivo que viene marcándose desde hace 30 años, venimos exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto. No puede haber paz si no hay justicia nunca, jamás hemos dicho que lo queremos solo para las víctimas de un bando o de otro, aquí estamos hablando independientemente del bando beligerante que cometió ilícitos, que se investigue, se sancione a los responsables y se le dé reparación a las víctimas”.
Las víctimas se encuentran expectantes ante las acciones que tome la Asamblea Legislativa, ya que la sentencia dictada por la Sala es de obligatorio cumplimento, por lo que deben acatarla de forma integral.
Las organizaciones exhortan a los diputados para que en los próximos 15 días den seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad y aprueben una Ley de Reconciliación Nacional que garantice la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, evitando que se debilite la institucionalidad del Estado salvadoreño.
