Con la aprobación de la normativa se pretende que los ciudadanos accedan a los beneficios de la tecnología, dado que en la actualidad “aproximadamente el 41% de la población en el país sigue sin acceso a internet.
En busca de crear una nueva legislación que regule desde diferentes materias el uso de la tecnología, la Comisión de Economía inició con el estudio del anteproyecto de Ley para la Inclusión Digital Universal, con ese fin, los diputados recibieron al presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, para conocer su opinión y aportes a la propuesta.
Con los aportes obtenidos, los parlamentarios enriquecerán el debate sobre el anteproyecto de ley para que en El Salvador se use masivamente las tecnologías de la información y comunicaciones.
En ese marco, los parlamentarios trabajan sobre una agenda digital; la presidenta de esa instancia, diputada Margarita Escobar (ARENA), dijo: “La Comisión de Economía no está estudiando leyes al azar, sino que tenemos un plan que va coordinado, firma electrónica que ya pronto estará en vigencia y luego aprobamos la Ley de Comercio Electrónico […] también terminamos todo el proceso de consulta pública privada, cerrando con un seminario internacional sobre la Ley de Datos Personales y Habeas Data, la cual ya está trabajando el grupo técnico”.
Al iniciar con el estudio de la Ley para la Inclusión Digital Universal los diputados buscan agilizar su aprobación de tal manera que los ciudadanos accedan a los beneficios de la tecnología, dado que en la actualidad “aproximadamente el 41% de la población en el país sigue sin acceso a internet”, según explicación de la diputada Escobar.
En la propuesta de ley se describe que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda “que los Estados deben establecer políticas públicas para permitir el acceso universal a internet, por ello, la Ley para la Inclusión Digital Universal representa un paso en este sentido, al brindar un marco normativo que sirva de base para las acciones del estado en la materia”.
Asimismo, alienta a todos los Estados a que adopten las medidas oportunas para promover, con la participación de las personas con discapacidad, el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas tecnologías de apoyo y adaptación que sean accesibles para las personas con discapacidad.
El acceso a internet ha adquirido el estatus de derecho humano fundamental al ser reconocido como tal por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por medio del cual las personas ejercen su derecho a la libertad de opinión y de expresión de los ciudadanos, y reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo.
