(Por: Róger Hernán Gutiérrez*)
¿Cuáles son esas expectativas que podrían estar permeando el pensamiento y la acción de la clase trabajadora, en la actual coyuntura que vivimos?
Se percibe una clara negatividad empresarial a que este tipo de coyuntura política arroje presiones hacia cambios importantes que favorezcan condiciones socio-laborales favorables a la clase trabajadora, y por ende cierran filas para oponerse a todo aquello que les implique “menos ganancias”. Claro que mucho de estas angustias tienen que ver con la dominación de conservar su poder en las relaciones laborales que se manifiestan en el país—de una clara caracterización explotadora, de abusos y arbitrariedades laborales, desprotección social, minimización (precarización)/deterioro de los derechos laborales, además de una sistemática violación y desvaloración del trabajo; que afecta sustancialmente la vida para el que vende su fuerza de trabajo por un salario.
La coyuntura política que enfrentamos está demandando cambios y transformaciones al orden establecido; y exige una acción sindical que tenga claro su aprovechamiento y posicionarse en un nivel de equidad que permita la redistribución de la riqueza producida—es decir modificar la correlación de fuerzas y con ello obtener mejoras sustanciales en el empleo, los salarios, la protección social: salud médico-hospitalaria; maternidad; riesgos laborales; salud y seguridad laboral; previsión social (pensiones); asistencia social para la cobertura de necesidades que lleven a dignidad y una plena satisfacción de las condiciones materiales de existencia.
No vemos aún si la coyuntura esté derivando en posibilidades de cambiar algo que ha venido sucediendo históricamente en claro detrimento para la clase trabajadora—en tanto que la acción del Presidente Bukele, ha sido bombardeada a niveles de la élite empresarial, y grupos dominantes del poder político, económico, mediático, jurídico y socio-cultural; que se torna preocupada por la posibilidad que se desencadenen por tal situación preponderante acontecimientos de acción popular animados por el derecho a la insurrección.
Para el caso los diálogos en los espacios tripartitos y en mesas de discusión sobre temas diferentes que vinculan a una situación de mejora de condiciones socio-laborales en la población trabajadora, se han paralizado y/o suspendido a partir de los intereses que se ven confrontados por la coyuntura—declaraciones del Ministro de Trabajo antes y después del 9f empiezan a chocar con los tradicionales intereses pro-empresariales y hay dificultades para viabilizar mejorías al salario mínimo, a leyes laborales más favorables sobre el empleo-salarios; mejoras en las relaciones laborales, reforma de pensiones a partir de sustanciales cambios y buenas prácticas en formas de pensar y desarrollar las libertades sindicales.
El sector de la ANEP y sus soportes mediáticos, jurídicos y gremialistas pretenden imponernos que existe un clima político no favorecedor de los negocios y advierten a base de estratagemas maliciosas y poco transparentes, de generar temores que nuestra economía si seguimos con la acción del Presidente, que ha dado pie a que entremos en una “situación peligrosa” que atenta contra la Constitución, contra el control del orden establecido en lo que son las reglas de juego que deriva la constitucionalidad—que por décadas han sido pieza clave para sostener el dominio de una minoría sobre las mayorías.
La economía sigue igual, y sólo las voces dominantes que históricamente se han opuesto a las transformaciones, socio-económicas y de otra naturaleza, manifiestan que hemos entrado en un proceso que atenta con romper con la lógica de acumulación que viene siendo un patrón para las élites económicas—en clara desventaja para el pueblo y los sectores populares que se debaten día a día con el hambre, el desempleo, la falta de salud, educación, vivienda, bajos salarios, la falta de ingresos para un sostenimiento decente propio y de la familia, que no obtiene una satisfacción plena de condiciones materiales de existencia.
La Asamblea Legislativa, sigue sosteniendo posturas contrarias al interés popular, y las mantiene en una dilación sistemática de no resolverlas y evacuarlas para el beneficio del pueblo, de esta situación el Presidente Bukele al parecer ha tomado ventaja para una acción que para unos ha rebalsado el vaso de la “institucionalidad democrática” que nos rige y provocado talvez una atmósfera de innecesaria confrontación que no sabemos cuan cargados están los dados del juego para inclinarlos hacia uno u otro de los jugadores.
Un incremento al salario mínimo basado en los 5 votos que se necesitan en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, representaría que hay para la clase trabajadora un mejor futuro, más sin embargo la duda es sobre si los actuales representantes laborales habrán de inclinar la balanza hacia el Gobierno o lo harán en pro de los empresarios. La otra cuestión sería que los representantes gubernamentales tampoco tienen la intención de hacer una propuesta, lo que pondría al Presidente en una acción manipuladora, demagógica y anti laboral.
*Sindicalista salvadoreño
