El asocio académico, en el cual participa la UCA, la Universidad Don Bosco, FLACSO y FUNDAUNGO, presentó esta semana, una serie de propuestas de políticas públicas que buscan beneficiar a las personas retornadas y a quienes viven en situación vulnerable que les podría llevar a migrar.
La investigación realizada por el asocio refleja que entre 2012 y 2017 ocurrieron más de 243 mil retornos forzosos de salvadoreños, lo que equivale a casi 100 retornos diarios. El 80% de ellos fueron hombres y el 20% mujeres.
Dado este contexto, el asocio propone incorporar en el país varias reformas y políticas públicas. Una de esas acciones es atender la salud física y mental de quienes retornan, ya que es un proceso que deja secuelas y en el país no son atendidas, explicó el investigador del asocio Jaime Rivas.
“Hay cantidad de programas enfocados en fortalecer las capacidades productivas, pero muy poco se está trabajando este tema. En el ámbito de la salud mental, por ejemplo, de las personas retornadas cuando han roto lazos familiares de la noche a la mañana y han tenido que encontrarse en un país que ya no es el suyo y hay una serie de elementos psicosociales que nunca han sido abordados”, señaló Rivas.
El investigador agregó que la propuesta es “fortalecer el MINSAL para el equipamiento de unidades de salud mental.
Una vez trabajada la parte de salud, el asocio propone fortalecer la inclusión laboral, educativa y cultural para incidir, no solo en los retornados, si no en quienes piensan irse. La propuesta específica es incentivar el retorno voluntario no forzado de personas altamente calificadas, en la diáspora, que generen opciones de empleo en el país para evitar que otras personas migren por falta de oportunidades laborales. “Que estas personas altamente calificadas que están en la diáspora encuentren un proyecto viable y sostenible en el Salvador”, explicó Jaime Rivas.
El 84% de retornados hombres están arriba de los 30 años, mientras que las mujeres que retornan el 47% son niñas entre 0 y 5 años. Es por eso que el asocio propone acciones diferenciadas, acorde a las necesidades de cada sector.
La propuestas buscan promover el respeto y el goce de los derechos humanos de las personas migrantes, en todas las etapas del proceso migratorio, incluyendo el origen, el tránsito, el destino y el retorno.
