La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. La Ley supone de facto una nueva amnistía y no cumple con los parámetros dictados por la Sala de lo Constitucional.
Dos días después de que el Legislativo aprobase la Ley de Reconciliación, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que derogará la normativa. Víctimas y organismos internacionales aprueban el veto de una norma que recuerda a la Ley de Amnistía de 1993, con la que se ha impedido la condena para los crímenes de guerra cometidos en El Salvador, entre 1980 y 1992, que dejaron 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el viernes 28 de febrero que utilizará el veto presidencial para derogar la Ley de Reconciliación aprobada por el Parlamento el miércoles. “Es una burla e infamia contra los salvadoreños”, afirmó en rueda de prensa Bukele, que vuelve a enfrentarse a la Cámara de legisladores, dos semanas después de entrar en la sede acompañado por militares.
Las víctimas de la guerra civil y distintos organismos internacionales rechazaron el reglamento al considerar que es una puerta a la impunidad para los crímenes de guerra y lesa humanidad. Según Bukele la ley viola los convenios internacionales relacionados con los derechos humanos.
«Es una ley tan asquerosa como la anterior (la de amnistía de 1993), pero le han querido poner una gragea de chocolate y le pusieron nombre bonito», apuntó Bukele, que en la cuenta oficial de la Presidencia en Twitter, adjuntó un documento de 23 páginas donde se exponen sus argumentos para justificar el veto.
Para anular el veto de Bukele, la Asamblea necesita 12 votos más que el miércoles
La denominada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada por 44 diputados de los 58 presentes. En total, la Asamblea Nacional cuenta con 84 diputados.
Los 23 representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la guerrilla que combatió al Ejército, no acudieron a la sesión al alegar que la ley «no recoge las demandas de las víctimas y familias».
Este nuevo reglamento no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y abre la puerta para que se puedan conmutar penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar los casos en los que se aplicará. Para que la decisión del presidente no tenga vigencia, la Asamblea Legislativa requiere 56 votos a favor, por lo que en la próxima votación necesitará el apoyo de 12 diputados más que el miércoles.
La Guerra Civil de El Salvador dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos
La reparación de las víctimas fue una prioridad para Nayib Bukele desde que llegó al poder. Su primera decisión fue retirar el nombre del teniente Domingo Monterrosa de un cuartel militar. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas señaló que el teniente fue el responsable de la matanza de El Mozote en 1981, cuando al menos 986 personas fueron asesinadas por soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño.
Una matanza por la que Monterrosa está siendo juzgado junto al exministro de Defensa, Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima y el exjefe del Batallón Atlácatl, Natividad Cáceres, que fue el comandante que dirigió la operación. El conflicto de El Salvador, que enfrentó al antiguo Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) contra el ejército del país, duró de 1980 a 1992 y dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Continúa el enfrentamiento entre Bukele y la Asamblea Nacional
El presidente, Nayib Bukele, está en minoría en la Asamblea Nacional después de no poder presentarse a las últimas elecciones con su partido Nuevas Ideas, por lo que concurrió con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que solo cuenta con 10 de 84 diputados.
La minoría en la Cámara Legislativa hizo que el 9 de febrero intentase aprobar por su cuenta una Ley para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la tercera fase del plan de seguridad contra las pandillas. Ante la negativa del Legislativo amenazó a sus rivales con represalias y llevó al Ejército a la sede.
Hasta el 28 de febrero de 2021 no habrá elecciones al poder legislativo, por lo que se espera un bloqueo entre el Legislativo y el Ejecutivo en los próximos meses.
