La cuarentena domiciliar a nivel nacional es una medida clave para reducir el número de contagios. Sin embargo, y como cabía esperar de un esfuerzo de esta magnitud y sin precedentes, su implementación ha sido problemática. Para la correcta ejecución de las medidas preventivas y, sobre todo, para minimizar la propagación del virus, es necesario que el Gobierno reflexione sobre algunas cuestiones.
Ante la medida de permitir que solo un miembro de cada familia salga a realizar compras y diligencias, es preciso tener claro cómo se acredita a ese delegado para que no sea detenido por las autoridades. En ese sentido, debe definirse y socializarse de forma amplia un protocolo de actuación, que sirva de referencia tanto para la población como para los agentes del orden, de manera que la decisión de penalizar a un ciudadano por circular por las calles no quede a criterio del policía de turno.
Conviene también encontrar una solución para el creciente número de personas que, de acuerdo a fuentes gubernamentales, son “retenidas” por no cumplir con la cuarentena. De hecho, la expresión “personas retenidas” es un eufemismo para designar la privación de libertad. En lugar de “retenerlas”, sería mejor tomarles los datos y enviarlas a sus casas, para establecer sanciones a cumplir al finalizar la cuarentena. Además, la retención masiva de gente que no cumple la cuarentena está creando un problema mayor: hacinamiento en los lugares de detención, que podrían convertirse en focos de infección.
Si bien es necesario pensar en un apoyo para las familias más afectadas por la crisis, la ayuda de 300 dólares para aquellas que consumen menos de 250 kw por hora de energía eléctrica excluye a miles de hogares que no tienen electricidad o cuyo recibo de la luz está a nombre de otra persona. Según el portal del Consejo Nacional de Energía, de las 84,130 familias que no tienen acceso a la electricidad, 59,332 de ellas viven en las áreas rurales. Y añade: “Estas familias […] son también las más pobres, las más aisladas y con menos acceso a servicios básicos, como agua potable, salud, educación y oportunidades económicas que les permitan salir de esa situación”. Por otra parte, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que estima el déficit habitacional de acuerdo a los censos de población realizados en el país (el último fue en 2007), determinó que la cantidad de hogares que necesitan vivienda (déficit cuantitativo) es de 44,383. Es decir, miles de familias alquilan casa y, por tanto, no tienen recibos de energía a su nombre. ¿Qué pasará con estos sectores?
Finalmente, comerciantes informales han denunciado que la Policía Nacional Civil ha impuesto restricciones de movilidad a partir de las 6 de la tarde. Con ello, la PNC está entendiendo mal las excepciones dictadas por la Presidencia de la República y sometiendo a la población a un toque de queda de facto, extralimitando sus funciones constitucionales.
Es urgente que el Gobierno revise todas estas medidas pensando en los problemas de la gente, especialmente de aquellos económicamente más vulnerables, los que tienen más dificultad para cumplir la cuarentena y los que pueden quedar excluidos de las ayudas gubernamentales. Solo así se evitará agregar nuevas penalidades a la población.
EDITORIAL UCA
