Por: Sergio Del Águila, corresponsal de El Independiente
Guatemala. El gobierno de Alejandro Giammattei corre entre más errores que aciertos, equivocaciones que tienen penosos episodios de descrédito a su temprana gestión. En realidad la gente percibe que a tres meses de haber asumido, se trata de un régimen entreguista a sectores que sin mascarillas ni máscaras, anuncian que viene por todo lo que puedan capitalizar en la pandemia covid-19.
Sin olvidar que el primer acto como presidente electo fue su bochornosa expulsión de Venezuela, los meses previos a su investidura conformó un gabinete ministerial acorde con las necesidades de sectores retrógrados y de afinidad con grupos de militares y corporaciones que invirtieron dinero en 2019 durante la campaña electoral de Giammattei y su partido Vamos.
Su segunda acción censurable fue la evidente compra de voluntades en el Congreso de la República, para asegurarse el control de la Junta Directiva y legislar al antojo de sus financistas, decisión que no pasó desapercibida, pues quedó grabada en la opinión y demostró que aunque abandere la lucha anticorrupción, es más de lo mismo.
En realidad imponer la voluntad de un gobierno ya cuestionado, antidemocrático, de élites excluyentes y sumiso a Estados Unidos, no ha sido fácil y ha tenido que batallar en el Congreso para imponer con una ley su plan de emergencia, que más que favorecer a los necesitados, ha sido cuestionado por la población, por insuficiente y pocos beneficios.
La gestión presidencial no empezó nada mal, tomó medidas que le fueron permitiendo las circunstancias de la crisis covid-2019, echó mano del manejo mediático que en suma solo puso en evidencia su demagogia y ha quedado en promesas.
Por ejemplo anunció la apertura de un hospital especializado en coronavirus en el municipio sureño de Villa Nueva, el cual había sido construido por gobiernos anteriores, pero cuando se empezó a conocer de casos, colapsó por insuficiencia y mala construcción por los enormes desfalcos de los gobiernos de Jimmy Morales y Otto Pérez.
Al verse rebasado anunció la “inmediata construcción de hospitales”, que al final solo han sido hospitales militares de campaña en recintos techados, claro que servirán en este país pobre, pero no con el impacto necesario y pronto quedarán saturados, pues al 11 de abril Guatemala alcanza los 139 contagios, un aumento de 50 por ciento en la última semana.
Para el empresariado que financió la campaña de 2019, mejor no pudo ser la llegada de Giammattei en 2020, en este país sin inversión, empleos formales, pobreza y miseria. Ahora desde el gabinete gubernamental, los sectores afines canalizarán las medidas que ellos mismos se recetaron para asegurarse el acceso a 11 mil millones de quetzales –con fondos de dos préstamos BM y BCIE– presuntamente destinados a la atención de la emergencia de la pandemia, pero ahora enfocados “al despegue económico”.
El día que tomó posesión del Gobierno, este presidente que sufre de afecciones de salud permanentes, anunció un plan de reactivación económica con claras líneas de quienes serían los beneficiados: sus financistas de campaña, proyecto que desde abril forma parte de su plan de desarrollo.
Una vez consumado el asalto al Congreso en enero 2020, con la compra de diputados para asegurarse el control legislativo, logró en plena emergencia de la epidemia la aprobación de su plan para beneficio del capital financiero, las telefónicas, las empresas monocultivistas y extractivistas depredadoras de los recursos naturales, las dedicadas a la venta de electricidad que produce el Estado, entre otras.
A los que necesitan la ayuda en esta emergencia, solo las migajas ha dejado este infame gobernante de formación médica, les entregarán míseros mil quetzales a conveniencia del gobierno, alcaldes y partidos políticos afines al oficialismo. Los beneficios anunciados a las pequeñas y medianas empresas, llegarán solo si superan las condiciones y requisitos que imponen los bancos.
Los guatemaltecos cumplieron un mes de confinamiento con la disciplina que obliga la sobrevivencia en medio de las graves crisis irresueltas que el país arrastra gracias a los gobiernos corruptos y ladrones de Jimmy Morales y los capos del desfalco y el contrabando Otto Pérez-Roxana Baldetti.
Para la opinión pública, que tiene voz en redes sociales, resulta alarmante saber que decenas de empresas insolventes han despedido a miles de trabajadores sin prestaciones y de manera arbitraria, amparadas en las disposiciones del decreto de declaración del Estado de Calamidad, otro regalito pernicioso del presidente Giammattei.
