Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra/
Merece un análisis, el hecho de que la organización Human Rights Watch haya enviado una carta al Presidente Bukele, por el incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y las violaciones de los Derechos Humanos, en los recientes días, dentro del régimen de excepción vigente: los señalamientos los hace la mayor organización de Derechos Humanos en el mundo, con fuerte influencia en la ONU, OEA, UE y sus recomendaciones e influencia, se han hecho sentir en Centroamérica, al grado de modificar los conceptos jurisprudenciales judiciales e influir en los criterios de la Asamblea Legislativa.
El irrespeto del Órgano Ejecutivo, a las distintas sentencias de la Sala de lo Constitucional – con las que trata de corregir los excesos y abusos del Ejecutivo , en contra de la población -, ha dejado a la vista, la falsedad jurídica, base de las acciones del Ejecutivo: “la vida humana, debe privilegiarse sobre todos los demás derechos”, esta aseveración es falsa, pues la vida, en su dimensión física, depende del ejercicio pleno, en conjunto, de todos los demás derechos, sin reñir, con la libertad y los derechos económicos.
La higiene pública, posibilita el confinamiento forzoso de una persona infectada, cuando se le han realizado las pruebas pertinentes, pero no, por una mera presunción: por salir a la calle o no portar mascarilla. Son la razón de dos decretos: uno por la pandemia y otro, restringiendo la libertad, para no tener que no justificar, con pruebas médicas, el internamiento y, negar el ingreso de salvadoreños; este fraude ha sido entendido claramente por la Sala de lo Constitucional y, tratado de corregir, mediante diferentes Habeas Corpus, aclaraciones y resoluciones de seguimiento.
La vida es protegida en la integralidad de sus derechos, no en supuesta colisión, de uno contra otros. Cuando la Fuerza Armada y PNC aseguran continuar ejerciendo fuerza, para la preservación de la vida, siguiendo las disposiciones de Nayib Bukele, pese a las sentencias de la Sala de lo Constitucional y, el clamor de la Asamblea Legislativa, les hace en cadena, responsables de los abusos en los Derechos Humanos.
Gracias a las redes sociales, se ha sabido de los diferentes abusos: desde disparar intencionalmente, muertes por negligencia en los albergues, amenazas, castigos corporales y golpes con batones, ejercidos mayormente, por miembros de la PNC, pero tolerados por los soldados que les acompañan.
Los troles que callan estas denuncias, ridiculizándolas o amenazando las voces disidentes, y los conflictos con los Gobiernos de Guatemala, México y Ecuador, por la manipulación de información, son ataques contra la moralidad y dignidad de las personas, haciendo las veces modernas, de las antiguas formas de represión, por lo que, en un futuro, podrán ser juzgados por la Justicia Universal.
Las soluciones propuestas para paliar la crisis, creada por el mismo Ejecutivo: cargar al Seguro Social con las incapacidades, cuando no ha habido un contagio o, de reactivar la economía con los ahorros de los trabajadores, administrados por las AFP, destruirán el futuro del trabajador formal: dichas instituciones, no fueron creadas para tal fin y la liquidación de sus activos, será a descuento, no pudiendo la inversión, ser recuperada en su totalidad, creando un perjuicio social irreparable.
Las acciones del Ejecutivo, dañan a los derechos de la población, protegidos por el Art. 2 de la Constitución, que se desarrollan tautológicamente, por lo que, no hay colisión de Derechos: de la vida y salud, con los derechos económicos y la libertad. Si el presente Gobierno, insiste en sus intenciones, el país será considerado una dictadura, con las consecuencias que eso conlleva: los señalamientos internaciones y crisis interna.
