Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra/
Los Decretos Legislativos, Ejecutivos, de Consejo de Ministros, Sentencias constitucionales y Vetos, han generado tal caos administrativo, que destruyen la base jurídica del país: primero, por la incorrecta redacción y segundo, porque su aplicación, se hace en base a interpretación exegética y no, por la interpretación gramatical, propia de un texto claro y preciso y, sin considerar lo contradictorio de los decretos, con la Constitución, en su interpretación clásica o de su espíritu, luego de los Acuerdos de Paz.
La Alcaldía de San Luis la Herradura ha anunciado el cierre de su municipio: podrán ingresar únicamente, camiones con alimentos básicos, autorizándose la compra-venta de dichos productos, una vez a la semana. Los infractores de estas disposiciones, serán castigados con trabajo forzado. La Alcaldía de Santa Ana, ha previsto la venta escalonada de productos: el ingreso al mercado, será supervisado por el Ejército y la PNC. La Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, ha ordenado toque de queda y, restricción a su ingreso; solo podrá hacerse, portando un tiquete, las infracciones serán castigadas con internamiento. La Alcaldía de San Salvador, cierra su centro histórico y, sólo podrá ingresarse, previa justificación, sin considerar que en ese perímetro, se encuentran los Tribunales, Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. La Alcaldía de Santa Tecla, ha cerrado el paso natural, hacia el occidente del país.
Tiene origen, dicho caos administrativo, en la totalidad de la legislación formulada en estos días; alterando también, las relaciones civiles-mercantiles privadas y, las sujetas al Derecho Social, volviéndolo todo, de Derecho Público, pues característica de este Derecho, es que sus mandatos, no están sujetos a la autonomía de la voluntad, que pudiesen ejercer las partes: decir “sí” o “no”, en virtud del uso legítimo de la voluntad. En tiempos normales, podríamos acudir a un tribunal para dirimir el conflicto, en base a la legislación vigente, pero hoy se impone la voluntad del Gobierno.
Dicha situación nos obliga a preguntarnos: ¿Qué está sucediendo, al margen de la pandemia y, encubierto por ésta? En la entrevista de un programa matutino, se preguntó a dos abogados: El, defensor de la legalidad y ella, con la visión del actual Gobierno. La abogada, afirmó que, el Derecho salvadoreño, ha quedado superado por la nueva realidad y, conforme a esta, el Presidente interpreta la Constitución, encarnando el Interés Público; afirmó también, que el Presidente fue electo por el voto directo, no así los Magistrados y que, los diputados habían perdido su legitimidad, al ser derrotados sus correspondientes partidos en las elecciones. Esta forma de pensar, plantea nueva realidad del país, aunque se oponen la Constitución, leyes vigentes y sus instituciones.
Por esta razón hemos visto, pronunciamientos de las distintas asociaciones de abogados y de jueces, de personas de la sociedad civil y, de diferentes funcionarios públicos, ajenos al Ejecutivo, aunque con criterios no siempre coincidentes, ya que no existe una oposición organizada; sin embargo, ante cada palabra en contra del Gobierno, se alzan las voces de los troles, señalando como culpables a “los mismos de siempre”, así designan a los opositores, haciendo un llamado, para acabar físicamente, con ellos.
Claro está el rompimiento al orden constitucional, pero las autoridades sienten miedo de aplicar los mecanismos legales pertinentes pues, en última instancia, tales mecanismos tendrían que ser ejecutados por la Fuerza Armada y así, se preguntan, ¿responderá ésta al requerimiento, positivamente?, si la respuesta no fuese favorable, se reconocería un gobierno de facto y este cambio, perjudicaría directamente a los funcionarios y a la institucionalidad nacional.
El destino de la Nación es incierto: sólo la unidad nacional, puede preservar nuestro orden constitucional, leyes e instituciones vigentes.
