La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, ha pedido esta semana que se investigue en El Salvador posibles abusos cometidos por parte de las autoridades contra personas que presuntamente habían violado la cuarentena. En la mesa también están los controvertidos centros de contención donde han sido encerradas miles de personas.
La ONU recuerda que el derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la COVID-19. Sin embargo, en el caso de El Salvador, según los informes de organizaciones locales, se estaría yendo demasiado lejos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este martes a las autoridades del país centroamericano investigar posibles abusos cometidos para imponer el cumplimiento de las drásticas medidas oficiales contra el nuevo coronavirus.
«Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19», señaló la expresidenta chilena en un comunicado.
Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de San Salvador, explica que hay “privaciones de libertad ilegales, porque si bien se han instaurado estos centros de contención, en principio el periodo máximo decretado por ley es de 30 días, y hemos visto que las personas han pasado más de 30 días en estos centros”.
Además, “hemos podido ver también que se han detenido a personas porque la autoridad pública ha decretado que supuestamente habían vulnerado la cuarentena domiciliar. Eso, y lo ha dicho la Sala de lo Constitucional, es una detención arbitraria, porque no podemos dejar a manos de un policía, un militar, que determine si una persona tenía causa o no para salir”, prosigue Baulenas.
En efecto, El Salvador optó por poner en marcha unos centros de contención para aquellas personas que venían de otros países y evitar así el contagio, pero estos centros se han desvirtuado completamente porque allí se ha enviado también a gente que se ha saltado la cuarentena. Tanto es así que “las últimas noticias periodísticas señalaban que más de 3.000 personas habían pasado por estos centros de contención y que todavía quedaba más de 4.000”, denuncia el abogado.
Y debido a una falta de recursos inmobiliarios y capacidades económicas, estos centros “han sido centros de contagio muy importante donde se han mezclado personas que venían de distintos países sin ningún tipo de control ni rigor”, recalca Arnau Baulenas.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que no se puede encerrar en estos centros a quienes violen la cuarentena… La respuesta del presidente Nayib Bukele fue, fiel a su estilo, por redes sociales: “NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño”, escribió en Twitter.
¿La @SalaCnalSV delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir?
El chiste se cuenta solo.
NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 16, 2020
TOMADO DE RFI
