Por: William D. Martínez*/
El gran dictador es una película de Chaplin, donde él sorprende al mundo con un manifiesto tremendamente emotivo en el cual expone lo terrible que es para las personas estar sometidas bajo la figura de un dictador. Ahora bien, el diccionario de la lengua española lo define así: «En la época moderna, dictador es toda persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica». En El Salvador funcionarios de gobierno, del ejecutivo y el mismo Presidente muestran un comportamiento dictatorial.
Después que el 3 de febrero del 2019, el pueblo cuzcatleco le diera el voto al presidente actual, (léase bien presidente actual, no a un partido político), y soñara con verdaderos cambios sociales, políticos y económicos, se esperó que actuara como el presidente esperado, sino de izquierda, al menos con ideas progresistas. Sin embargo, a casi un año de mandato el rumbo que le ha dado a la economía, seguridad, salud, educación, bienestar social del país no ha cambiado ni parece que cambiará en nada el rumbo económico de las anteriores administraciones, es más de lo mismo, llevando al país a una inercia social y a un estancamiento económico sin parangón. Para hacer frente a esta inercia, recordará el pueblo que en el itinerario histórico los avances sociales, políticos, económicos, culturales e incluso científicos han sido posibles gracias a las personas, movimientos y aquellos pueblos que se han defendido y rebelado contra los poderes establecidos. Se puede afirmar que el derecho a reclamar se ha utilizado a través de la historia de la humanidad como un derecho de los pueblos para liberarse de las dictaduras, tiranías y la opresión de quienes ejercen arbitrariamente el poder: Desde hace muchos siglos se denomina derecho de reclamo el ejercido por los súbditos para lograr la cesación de comportamiento dictatorial asumido por autoridades que abusan grave y reiteradamente de sus competencias. Este abuso se identifica con la arrogancia, el ultraje hecho a la justicia mediante actos violatorios de los bienes jurídicos fundamentales -la vida, la integridad social, la economía, la seguridad, el medio ambiente- cuya ejecución no han logrado los ciudadanos hacer prevenir y sancionar con el auxilio de instrumentos pacíficos de control y freno del poder. Entre esos instrumentos están el ejercicio de recursos y acciones judiciales, las apelaciones al ministerio público y las campañas de denuncia por los medios de comunicación. Cuando todos los mecanismos de refrenamiento pacífico fracasan, los agredidos por la autoridad dictatorial tienen, dadas ciertas condiciones, el derecho inalienable a defenderse con el uso de la palabra y, denunciar tales atropellos debe verse como una forma de vida, tal como lo hizo y exigió Monseñor Romero.
Para precisar en el tema del que nos ocupamos en este artículo, cabe resaltar que: «El derecho a defenderse y a la denuncia bien puede ser definido como el derecho inherente de todo ser humano a rechazar el quehacer de un gobierno que se ha colocado en la posición de injusto. Así como es legítimo que una persona defienda un derecho propio o ajeno contra la injusta agresión de un particular no contraría ni el derecho ni la justicia que los miembros de la comunidad política repelan a quienes, haciendo un uso retorcido de la autoridad pública, amenazan los bienes jurídicos primordiales de los ciudadanos. El derecho a resistir es el derecho del pueblo a la legítima defensa». Según el autor Mario Madrid: “Por pertenecer al ámbito de la defensa legítima, el ejercicio del derecho de resistencia tiene los mismos requisitos que exige el de la defensa privada: necesidad de amparar derechos ciertos e indiscutibles, inexistencia de otro medio idóneo para evitar o repeler el ataque, injusticia de la agresión, actualidad o inminencia del peligro y, por último, proporcionalidad entre la respuesta y la ofensa”. La dictadura es un sinónimo de gobierno ilegítimo, y esa ilegitimidad puede ser por la forma de acceso al poder o por los abusos cometidos durante su ejercicio, para algunos «puede provenir ya de la forma cómo accedió al poder, ya de la comisión de gravísimos y repetidos desafueros que desvirtúan de manera total el sentido y el fin de la autoridad. Para el caso del país, ante una sistemática crisis económica y un alto costo de la vida, así como endeudamiento público y lo peor, no existe un plan estratégico de cómo salir del atolladero en el que se encuentran los salvadoreños. Ahora bien, cabe preguntarnos si estamos frente a un gobierno legítimo, formalmente democrático que a su vez se sustenta en la exclusión económica, política y social. Jorge Buchman, dice: «Si el gobierno rige los destinos del pueblo de una manera injusta y arbitraria, se convierte en dictador y puede ser destituido». Juan Altusia, jurista alemán de principios del siglo XVII, en su Tratado de política, dice: «La soberanía, en cuanto autoridad suprema del Estado, nace del concurso voluntario de todos sus miembros; la autoridad del gobierno arranca del pueblo, y su ejercicio injusto, extralegal o dictatorial, exime al pueblo del deber de obediencia y justifica la resistencia y la rebelión». Durante el siglo XVIII, la dictadura fue asimilada a la monarquía rescatando las ideas de la Política de Aristóteles: «La dictadura es la monarquía que tiende al interés del monarca, una monarquía en la que el soberano gobierna a su antojo sobre la colectividad política».
Actualmente, el capitalismo voraz con procedimientos pérfidos y brutales, con la complicidad de gobiernos antipopulares, sigue dominando una parte del mundo. Interviniendo directa o indirectamente, por intermedio de las empresas multinacionales, utilizando a políticos locales corrompidos, ayudando a regímenes que se basan en la represión policial, la tortura y la exterminación física de los opositores, por un conjunto de prácticas a las que se les llama neocolonialismo, el imperialismo extiende su dominación a numerosos pueblos». Sin embargo, en El Salvador, los movimientos sociales han luchado a lo largo de la historia para reclamar reivindicaciones económicas, políticas, culturales y sociales, y han logrado revertir, sino el sistema económico neoliberal, medidas antipopulares que afectan la vida de la inmensa mayoría.
Después de firmados los acuerdos de paz en enero 16, de 1992, los salvadoreños creyeron que se sobrevendría una década de paz, que aquellos sucesos violentos que diariamente se vivían en el campo como en la ciudad y se veían a través de los medios masivos ya no tendrían cabida en el país. Sin embargo, con la militarización de la sociedad, ¿querrán los salvadoreños que la ciudad, el campo y otras comunidades sean campo de batalla entre “pandillas” que buscan aniquilarse, como plantean las autoridades de seguridad? Presumiblemente no. Lo que los jóvenes y la sociedad en general desean es paz, justicia y oportunidades. Aspiran ciertamente a que se abatan las pandillas, su poder y se haga cumplir la ley, pero no mediante una intervención militarista que lleve a una prolongada violencia social de la que no se le ve fin. La pregunta es ¿para qué querrá este gobierno militarizar el país?, ¿para qué querrá la aprobación de tantos millones solamente para seguridad?, ¿por qué el Ministro de Defensa actual es el portavoz de la seguridad pública? Las posibles respuestas podrían ser tres: primero, para detener las olas de protestas que se vendrán en los próximos cuatro años, debido a la imposición de programas neoliberales e eliminación de subsidios. Segundo, para evitar un golpe de Estado, teniendo militarizado el país con gente dócil y de confianza, garantizando para sí la gobernabilidad. Tercero, ¿querrá declararle la guerra a algún país? La respuesta el tiempo la tendrá, entre tanto, el derecho a la denuncia ante comportamientos dictatoriales, al menos por hoy, hay que ejercerla, aunque sea a través de las redes.
*Psicólogo salvadoreño. Catedrático.
