El Salvador está bajo emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, esto ha generado una serie de medidas para evitar el contagio masivo.
Una de las medidas que se ha aplicado es la suspensión de los plazos procesales en materia jurisdiccional y administrativa, esto implica que los procesos judiciales han quedado en pausa.
Uno de ellos es el caso El Mozote, que según explica el abogado Wilfredo Medrano, el COVID-19 está impidiendo el acceso a la justicia, por un lado el proceso está paralizado y por el otro, algunos sobrevivientes como es el caso de Ángel Mejía, están falleciendo.
En diciembre de 1981, al norte del departamento de Morazán, en el marco de un operativo del Ejército de El Salvador, se llevó a cabo una serie de masacres sucesivas, que resultaron en el asesinato de alrededor de 1,000 personas, en donde casi la mitad fueron niñas y niños.
El 30 de octubre de 1990, el caso fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es archivado durante 10 años por falta de notificación sobre el proceso de las partes.
En el año 2000, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional es acreditado como representante del caso.
Para 2020, el caso sigue en la fase de ejecución de la sentencia, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias resoluciones sobre la supervisión de cumplimiento, incluida una visita de supervisión.
