Por: Hugo Sergio Del Águila*
Guatemala continuará con toque de queda y cuarentena hasta el 4 de mayo o más, en una situación que sí bien es obligatoria para todos, ya provocó el despliegue de banderas blancas y azules en barrios populares, asentamientos y aldeas, pues la pobre gente está sin alimentos y medicinas, carece de ingresos y ayuda humanitaria.
El alza de banderas, previsible de por sí debido a los índices de pobreza, desnutrición y desempleo galopante, denota que la situación por la pandemia está llegando a un límite, que debió preocupar antes al gobierno de Alejandro Giammattei, quien se dedica a buscar impactos mediáticos y hacer ofrecimientos que poco se han cumplido.
Una, o quizá la única cosa buena que ha hecho el Congreso (Asamblea Legislativa) fue haber aprobado el decreto 15-2020 que a regañadientes de los que representan los intereses más empresariales, permitiría mientras dure el estado de calamidad, posponer el pago tarifas de agua, luz y telefonía-internet, mientras la gente consiguiera ingresos.
Sin embargo, de forma inexplicable e injustificable, el gobierno no ha publicado el decreto legislativo en el Diario de Centroamérica, diario oficial, para su entrada en vigencia, evidentemente porque sus patrocinadores de las grandes corporaciones de telefonía móvil y de distribución de la energía eléctrica que produce el Estado, se oponen a que se difieran los pagos.
Gran pompa se hizo con la entrega de alimentos que por supuesto la gente humilde agradece. No obstante esta ayuda, además de escasa e insostenible, la concentraron en el interior, lo cual está bien, pero denuncias de personas conocidas, señalan que los insumos se entregan a votantes del oficialismo y a los alcaldes en los municipios donde ganó el partido de Giammattei en 2019.
Durante la presente semana los casos por contagio de covid-2019 podrían llegar a 1,000, un tanto inferior a los registros de países de la región, no porque exista un gobierno eficiente, sino porque fue hasta hace pocos días se empezó a realizar las pruebas (430 diarias) insuficientes y desproporcional a los 14.9 millones de guatemaltecos, según el censo nacional de 2019.
Paradójicamente, el día que se detectan 46 contagios –el mayor número en lo que va de la enfermedad en Guatemala– el gobernante decidió reducir en dos horas de las 12 que había dispuesto, para la vigencia del toque de queda, lo cual han aumentado las actividades comerciales y laborales y por tanto los contagios.
“No he recibido presiones de nadie”, dijo en conferencia de prensa Giammattei, al ser cuestionado sobre si grupos tradicionales del poder económico le piden que levante las restricciones de movilidad que –hay que reconocerlo tanto en Guatemala como en El Salvador—han permitido detener el avance virulento de la enfermedad. Es evidente que se necesita trabajar y tener ingresos, que las empresas y negocios deben funcionar, recobrar la productividad, etcétera, pero grupos y organizaciones de derechos humanos, pequeños partidos de izquierda y socialdemócratas opositores, centrales sindicales y el ciudadano consciente, cuestionan que se levanten las restricciones de movilidad a costa de la maltrecha salud del pueblo. Las banderas blancas y azules, –arapos colgados de un palo o un gancho que ya se extendieron a las calles y carreteras– aumentarán porque el ofrecimiento gubernamental de dar Q1,000, unos $130.00, por tres meses para familias que lo necesiten, no se hará efectiva, hasta mayo entrante, es decir, cuando los negocios del gran consumo, abrirían sus puertas.
Igual otras ayudas ofrecidas, llegarán hasta dentro de un mes, cuando en realidad las personas lo necesitan ahora, lo poco con lo que se sobrevive, se destina a la compra de alimentos en tiendas encadenadas, las más poderosas y masivas son propiedad de corporación Walmart, incluidas las llamadas despensas familiares de descuento.
A 45 días de vivir en cuarentena y en estado de calamidad pública, la ineficiencia, la burocracia y la corrupción en las instituciones del Estado, son el principal valladar para que los guatemaltecos enfrenten la crisis sin que cause más estragos, contagios y muertes. Bien se podría afirmar que el Gobierno a 100 días de iniciada su gestión, ha heredado un aparato gubernamental desclavijado. Tuvo 46 días para organizarse aun sin entrarle a fondo a la corrupción heredada; puede desmarcarse de las prácticas de la vieja política que tanto daño han causado, pero parece que su rumbo es contrario a los cambios elementales que Guatemala necesita.
Cien días después estamos lamentando que Giammattei sea tan corrupto como su antecesor Jimmy Morales. Ya se hizo público que entre los cuatro viceministros de salud que ya ha cambiado, uno de ellos se opuso a que el hijo del presidente ganara mañosamente una licitación millonaria en la compra de mascarillas para el Estado.
Resulta preocupante tanta denuncia publica que hay en torno a las adquisiciones para la compra de insumos para atender la emergencia médica. Sobrevaloraciones, compras dirigidas o anómalas de productos que no se necesitan.
El hecho de que se haya cambiado a tres viceministros de Salud –uno de ellos porque denunció la ingobernabilidad que se genera en el gabinete de Gobierno “porque todo mundo” quiere tomar decisiones, a pesar de que el presidente es médico– demuestra que no existió una selección adecuada de funcionarios. Guatemala arrastra de nuevo, corrupción, mediocridad y autoritarismo en medio de la pandemia.
*Corresponsal de El Independiente en Guatemala
