Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra/
Los Decretos legislativos de los días anteriores, encubren una inconstitucionalidad y, facilitan el máximo desfalco a la nación, quebrando la institucionalidad y destruyendo la capacidad de resistencia nacional.
Pretender encubrir un régimen de excepción, por medio de una ley, es fraude de ley, pues si invocando ésta, se coartan la libertad individual, de alimentación y el derecho al trabajo, a nivel nacional, dejando a decisión de una institución de Gobierno, decidir sobre dichos Derechos, sin la intervención del Órgano Judicial y Ministerio Público, implica la aplicación del Art. 29 Cn. (suspensión de garantías individuales o régimen de excepción). Más, si para lograrlo, se ha recurrido a negociaciones fuera del protocolo legislativo (registro de la negociación o de argumentos expuestos), tenemos un rompimiento constitucional.
Teniendo claro ya, el rompimiento constitucional, cabe analizar las posibles razones internas para generarlo y, sus repercusiones internacionales. Internamente, pretende encubrir el desfalco de fondos públicos, pues la emergencia nacional, permite que el gobierno maneje a su antojo, todo gasto, endeudándonos hasta más allá, de nuestras posibilidades. Si quiebra la Economía, desaparece toda capacidad de resistencia social, generándose una sociedad sumisa, dominada por hambre y miedo, a la voluntad de un tirano.
El evitar que el cuerpo social pueda opinar y, evaluar las medidas sobre la pandemia, permite el desfalco a las finanzas del Estado, pues mientras exista la emergencia nacional, los controles que da la LACAP, serán inútiles y, más aún, si las restricciones que se mantienen, imposibilitan la libre contraloría ciudadana. Los robos de Saca y Funes, fueron insignificantes, hoy, tiene nexos con Bukele, toda empresa que aún funciona.
Debemos hoy, $ 24 mil millones de dólares, que eleva nuestro endeudamiento al 90% del PIB, siendo muy riesgoso para los inversores, comprar las nuevas emisiones de Bonos soberanos y, la solicitud de dinero, sigue incrementándose. Muy probablemente, el Gobierno se verá en iliquidez a partir del mes de octubre, obligándose a volverse más activo en el juego de la geopolítica mundial, para conseguir donaciones o satisfacer la creciente necesidad de liquidez. Los salvadoreños ya olvidaron los efectos de no pagar la deuda externa. El General Maximiliano Hernández Martínez pago la deuda, para recobrar la soberanía nacional. Si hay iliquidez, el Gobierno reservará los dólares para las importaciones y usará el colon como moneda local, lo que generaría una hiperinflación.
El dinero que como ayuda ha ofrecido el Gobierno a la ANEP, no podrá entregarse si no se colocan los Bonos en el exterior y, esta “ayuda”, podrá concretarse hasta el próximo año, pero las empresas lo necesitan hoy, pues el 30% de ellas ha quebrado. Estas acciones tienen el fin de quebrar la capacidad de resistencia política, y fortalecer el autoritarismo de Bukele; a la larga, los impuestos los ahogarán. El IVA como mínimo, tendrá que subir al 18% y las propiedades que dis ociosas, tendrán que ser vendidas o enajenadas en favor del Estado.
Cada centavo que el Gobierno gasta, lo ha producido la economía nacional anteriormente y las medidas populistas implementadas, tienen por fin, destruir la capacidad productiva y cortar su resistencia social, hasta el punto de aceptar cualquier medida, tal como se ha hecho hoy.
Hoy pueden vislumbrarse cambios en la educación, cuando el Gobierno propone una moratoria en el pago de los colegios privados, pues estos, que viven en situación económica crítica, por las exigencias del Ministerio de Educación, tendrían que cerrar. Todo en conjunto, nos obliga a preguntarnos ¿realmente a donde nos lleva el Gobierno?, por hoy, para consolidar su autoritarismo ha comprado a muchos diputados y destruido nuestras instituciones políticas.
