La policía de El Salvador es blanco de señalamientos luego de que se hallara el cuerpo de un presunto pandillero con golpes y esposado. Aunque se dijo a la familia que había muerto por coronavirus, su deceso podría ser consecuencia de la autorización presidencial de uso de fuerza letal contra las pandillas en el marco de la pandemia.
Luis Iván Mejía Beltrán fue uno de los presuntos pandilleros detenidos por la policía el 28 de abril, bajo sospecha de estar implicado en el homicidio de un soldado de las fuerzas armadas de El Salvador en abril de 2019. Una semana después, el 6 de mayo, un centro médico del departamento de La Paz entregó el cuerpo de Mejía a sus familiares, aduciendo que había muerto de coronavirus y advirtiendo que no abrieran el féretro, según El Diario de Hoy.
Sin embargo, la familia de Mejía no quedó convencida. Abrieron la caja y vieron su cuerpo lleno de contusiones, con sangre alrededor de los ojos y las orejas y el rostro envuelto en una sábana blanca, los dientes partidos y las manos esposadas, relató su familia. Los vecinos de Mejía afirmaron que él nunca se mezcló con pandillas y dudan que participara en la muerte del soldado, según El Diario de Hoy.
No es claro qué sucedió entre la detención de Mejía y su muerte.
El jefe de Policía de La Paz, Óscar Aguilar, declaró que el día antes de su muerte Mejía fue evaluado por personal médico por fiebre y dolores en el cuerpo, según palabras del jefe citadas por Univisión. Al día siguiente, dijo Aguilar, la fiebre de Mejía empeoró y estuvo vomitando sangre. Fue entonces cuando las autoridades lo transfirieron al hospital de Zacatecoluca, pero murió antes de llegar.
En cuanto a las esposas en el cuerpo de la víctima, Aguilar explicó que puede que la policía no quisiera retirarlas por “razones de seguridad”, debido a la actual situación con el coronavirus.
Desde entonces su familia ha solicitado a la Fiscalía General y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que investigue la detención de Mejía y su posterior deceso.
Análisis de InSight Crime
Aunque hasta el momento el caso de Mejía es un hecho aislado, suscita serios interrogantes en cuanto al posible uso que la policía y el ejército estén haciendo del coronavirus para ocultar actos desmedidos en un momento en que tienen carta blanca del presidente para usar fuerza letal.
Luego de una racha de homicidios presuntamente ordenados por líderes de pandillas del MS13 y de las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18 en prisión, el 26 de abril el presidente Nayib Bukele autorizó el uso de fuerza letal a la policía y las fuerzas armadas para la “defensa propia” contra los pandilleros.
Antes de ese brote de violencia, el promedio diario de homicidios en 2020 había registrado disminuciones históricas. Bukele autorizó esto como parte de su plan para mejorar la seguridad mediante la recuperación del control de territorios dominados por las maras del país. Pero la capacidad de las pandilllas para intensificar la violencia rápidamente sugiere lo contrario.
Las fuerzas de seguridad de El Salvador tienen un largo y controvertido historial de ejecuciones extrajudiciales, participación en escuadrones de exterminio y alteración de escenas de crímenes para hacer que las ejecuciones parezcan confrontaciones o tiroteos.
Grupos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) ya han manifestado preocupación por la puerta abierta a abusos contra los derechos humanos en el marco de las medidas de mano dura implantadas por Bukele para combatir a las pandillas.
Conceder licencia para matar a unas fuerzas de seguridad con un historial de violencia documentado inevitablemente acarrearía riesgos importantes, y es improbable que el caso de Mejía sea la única muestra de esto.
