En un acto más de intolerancia, el derecho de los ciudadanos a recurrir ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, incomoda a la Presidencia de la República.
Y es que, la Constitución de la República garantiza a todos los ciudadanos salvadoreños, acudir mediante un amparo si le han violentado sus derechos; si necesita saber dónde está una persona, debe hacerlo a través de un hábeas corpus y, si una ley va en contra de la constitución, puede presentar una demanda de inconstitucionalidad.
Sin embargo, esta semana, el secretario jurídico y el secretario privado de la presidencia, en conferencia de prensa, se refirieron a las organizaciones que presentan demandas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Para Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, las organizaciones que presentan demandas ante la Sala de lo Constitucional, tienen una agenda oscura con la única intención de dañar al presidente y no se dan cuenta que ellas también pueden ser dañadas.
La UCA ha señalado en una reciente opinión que “el odio contra personas es casi siempre un problema de salud mental que suele aumentar en medio de las crisis. De nuevo la solidaridad es la única que puede generar confianza y esperanza. Y ayudar a la recuperación de la salud mental de quienes se vean afectados. ¿Cómo avanzar en solidaridad y desterrar el odio? Solamente hay un camino: el diálogo y el caminar desde el consenso más amplio posible.