Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra/
Ha perdido la cuarentena, su significado médico-sanitario: es sólo pretexto político para justificar un mayor gasto sin control y, la mayor dominación poblacional que conlleva la violación masiva, de los Derechos Humanos, en El Salvador.
El Ejecutivo, insiste en llamar “Ley de emergencia…” a la discusión actual de la Asamblea Legislativa, que es la reapertura económica; pretende justificar un gasto público sin control, que ha absorbido, toda la liquidez del Estado, poniendo en peligro los salarios de los empleados y, el funcionamiento de la estructura gubernamental. Desde la Asamblea Legislativa, se sabe que la Corte de Cuentas de la República, envió un informe sobre las irregularidades en el gasto público, resaltando lo entregado en efectivo.
También es punto de honor, quince días más de cuarentena “rigurosa”: como si la actual, no hubiese ya, causado estragos irreparables al país. Iniciará esta cuarentena, dice el Ejecutivo, luego que “los diputados se pongan de acuerdo en una ley”, lo cual implica que la apertura económica, no será el 6 de junio, como se había anunciado y es imposible saber cuándo finalizaran las restricciones: el Ejecutivo necesita el mayor tiempo posible para su campaña de asistencia, llevada por medio de Nuevas Ideas.
El objetivo de la cuarentena, es la disolución por extinción las gremiales empresariales y sindicatos: al desaparecer la actividad económica, desaparece el gremio o, se fragmenta. Los intereses del Ejecutivo son la creación de nuevos grupos, que satisfagan y avalen las políticas del Gobierno, mediante incentivos específicos, a los nuevos gremios y para ello, necesitan una reactivación económica controlada y “subsidiada desde el Ejecutivo” (BANDESAL) o la colegiación obligatoria.
Existe en esta lucha política, una violación masiva de los Derechos Humanos que puede calificarse así:
1) La expatriación de 4,500 personas, y la negativa a su ingreso, es para justificar una campaña de terror al contagio, acciones que se convierten en xenófobas, al señalarlos como contagiados y, por lo tanto, sujetos a un trato desigual y lesivo a sus Derechos Humanos.
2) La captura de 6,500 personas, por circular y suponer que están infectados, sin darles tratamiento adecuado o, realizar los respectivos análisis. Sus infecciones son debidas al hacinamiento a que han sido sometidos y, ser instrumento o justificante, para mantener el control poblacional.
3) Inanición generalizada, para justificar la dominación del Gobierno, al suspender fuentes de trabajo y, prohibir el trabajo como fuente de sustento propio: cada casa con un manta blanco es prueba de ello.
4) El contagio en las cárceles ha sido planificado, dada la condicione de hacinamiento e higiene, provocado por la acción ilegal realizada por el Ejecutivo. Tal hacinamiento es generado como castigo colectivo, sin relación a la conducta personal, sirviendo para escarmiento generalizado, y evitar futuras desobediencias civiles, aplicando “desobediencia” a quienes no obedezcan al Ejecutivo.
5) Impedir compras de medicinas a enfermos. Todo enfermo tiene derecho a comprar medicinas o alimentos especiales, pero se ven impedidos de hacerlo, teniendo que esperar el día asignado, de lo contrario, no se les vente, negándoles el ingreso a las farmacias.
Las invitaciones a políticos, a “negociar” en Casa Presidencial, tienen un fin eminentemente propagandístico, pues mientras Casa Presidencial, se muestra conciliadora, sus troles escogen pasajes y manipulan las grabaciones, para mostrar lo contrario a las masas. El Ejecutivo, facilita la corrupción, al no respetar la independencia de poderes.
