Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, académicas, artísticas y religiosas externaron este viernes su preocupación sobre el deterioro de diálogo y el frágil trabajo en conjunto entre los tres poderes del Estado, y reclamaron concentrar la atención y priorizar sus esfuerzos “al combate de la pandemia” del COVID-19.
En un pronunciamiento público en el portal de la Universidad Centroamericana (UCA), las organizaciones reprocharon al Estados que “no hay que perder de vista que la emergencia sanitaria, que está causando estragos en la economía nacional, se ensaña más en los sectores vulnerables, en las familias que han padecido desde siempre precarias condiciones de hábitat, salubridad y empleo”.
Las oenegés lamentan que “en un momento tan crítico, que reclama la unidad de todos los actores de la sociedad, la confrontación entre dichos poderes desplace como prioridad al combate de la pandemia”.
Respaldan que “la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información no pueden ser negociables” y que el Gobierno está obligado durante la emergencia a “garantizar el buen uso de los recursos, más en un país pobre y endeudado como el nuestro” y señalaron la debilidad de la joven Comisión Anticorrupción de El Salvador (Cicies)a la que describen como “un proyecto de asistencia técnica presidencial”, porque según éstas “carece de autonomía e independencia para ejercer su mandato con credibilidad”.
En el pronunciamiento también le recuerdan al presidente Nayib Bukele su deber de “llamar a la unidad y al diálogo de forma sincera” y le reprochan que “no es honesto llamar a dialogar y a la vez descalificar e insultar” a aquellos con los que debe hacerlo.
La sociedad civil subraya que “el distanciamiento social y el resguardo domiciliario son medidas importantes, pero no las únicas para evitar la propagación” del COVID-19 y pide al Gobierno encontrar una ruta de trabajo a través de evidencia científica y consenso entre todo los sectores para garantizar que cada familia en el país disponga de “condiciones, materiales y sanitarias adecuadas” y de un plan de educación.
También apelan a que se establezca un plan para “reabrir paulatina y ordenadamente la economía”, y que este plan esté alejado de “intereses políticos y económicos” para “para proteger la salud y el trabajo” de los grupos vulnerables que están siendo golpeados por la pandemia.
E insistieron en llamar a las autoridades de Seguridad a respetar los derechos humanos y seguir los protocolos sanitarios en casos de detenciones.
COMUNICADO:
Nosotros y nosotras, organizaciones comunitarias, gremiales, religiosas, artísticas y sociales, instituciones, fundaciones y un amplio abanico de actores de la sociedad civil y del movimiento social, expresamos las siguientes reflexiones al pueblo salvadoreño y a los tres poderes del Estado.
Nos preocupa enormemente el constante deterioro de las relaciones entre los poderes del Estado, al grado de que ello está causando confusión, división y desánimo en muchos compatriotas. Es desconcertante que en un momento tan crítico, que reclama la unidad de todos los actores de la sociedad, la confrontación entre dichos poderes desplace como prioridad al combate de la pandemia. No hay que perder de vista que la emergencia sanitaria, que está causando estragos en la economía nacional, se ensaña más en los sectores vulnerables, en las familias que han padecido desde siempre precarias condiciones de hábitat, salubridad y empleo, que viven de economías de subsistencia. Son estas personas las que más sufren las consecuencias de este clima de confrontación.
En un contexto de emergencia es fundamental garantizar el buen uso de los recursos, más en un país pobre y endeudado como el nuestro. Por ello, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información no pueden ser negociables. La Comisión Anticorrupción de El Salvador (CICIES) es en realidad un proyecto de asistencia técnica presidencial, debido a que carece de autonomía e independencia para ejercer su mandato con credibilidad. Ante esto, por la inobservancia de los mecanismos de control institucionalmente establecidos, urge un acompañamiento internacional para restaurar el orden democrático y fortalecer el Estado de derecho.
Los representantes del Estado deben ser los primeros en dar ejemplo de trabajo conjunto, en particular el presidente de la República: él tiene el deber de llamar a la unidad y al diálogo de forma sincera. No es honesto llamar a dialogar y a la vez descalificar e insultar a aquellos con los que debe dialogar, pues con ello dinamita cualquier posibilidad de entendimiento. Que la pandemia haya encontrado al país en una situación de clara indefensión y sin políticas de prevención, subraya la necesidad de impulsar un diálogo respetuoso tanto entre las instituciones públicas como entre estas y la ciudadanía. Un diálogo que permita llegar pronto a consensos, en el que la evidencia científica y el enfoque técnico sean los criterios principales para la toma de decisiones.
El distanciamiento social y el resguardo domiciliario son medidas importantes, pero no las únicas para evitar la propagación del virus. Para ello, cada familia debe disponer de las condiciones, materiales y sanitarias adecuadas, como también son fundamentales las campañas de educación. Creemos que después de más de dos meses de cuarentena es necesario reabrir paulatina y ordenadamente la economía. Por eso, se requiere que las autoridades tengan una voz consensuada que, con claridad y precisión, dé las orientaciones necesarias para proteger la salud y el trabajo. A la hora de pensar en la reapertura de la economía, el criterio fundamental debe ser aquello que sea mejor para los más vulnerables, más allá de los intereses políticos y económicos de otros sectores.
En esa línea, es esencial conformar y mantener un equipo coordinador con representación de los tres poderes del Estado, que se reúna periódicamente para evitar o resolver con rapidez toda situación que afecte los derechos básicos de los ciudadanos y genere tensiones inútiles al interior del aparato público. Este equipo debe buscar la asesoría tanto del gremio médico como de economistas y especialistas en desarrollo humano y gestión de riesgo, que con su conocimiento y experiencia puedan orientar las políticas para enfrentar el covid-19 de la forma más pertinente.
Por su lado, la PNC y los miembros de la Fuerza Armada que colaboran bajo las órdenes de agentes policiales deben proceder con pleno respeto a los derechos humanos. Las decisiones sobre las personas sospechosas de violar la legislación especial que rige este tiempo de pandemia no pueden depender del criterio de agentes y soldados, sino de miembros del sector sanitario, y deben ser prontas y estar sujetas a apelación.
Especial atención merece la situación de los Centros de Contención y otros espacios de cuarentena. La permanencia en ellos debe estar limitada a 15 días y sujeta a revisión y evaluación por parte de un grupo multidisciplinar de médicos, psicólogos y profesionales de las ciencias sociales. Solo así se evitarán las sistemáticas irregularidades reportadas por organizaciones de derechos humanos: elevadas posibilidades de contagio, retención prolongada e injustificada, negativa de dar información a los recluidos, falta de implementos para la higiene y traslados a lugares lejanos como forma de castigo ante las quejas. Mucho de esto aplica a los centros penitenciarios, donde el excesivo hacinamiento creará, tarde o temprano, un grave problema de salud. Por ello, creemos necesario permitir el ingreso a ellos de una comisión de representantes de instituciones de derechos humanos, a fin de que puedan tener información sobre la realidad y formular recomendaciones.
En un contexto más amplio, animamos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a conformar una comisión que revise las carencias existentes a la hora de enfrentar una emergencia, sea de salud o provocada por causas naturales. La falta de prevención, planificación y preparación aumenta la siniestralidad y letalidad de los desastres. El hecho de que la pandemia de covid-19, tal como advierten los expertos, puede tener una segunda etapa de rebrote convierte la prevención en una tarea urgente, para así evitar los errores cometidos en esta primera fase.
Finalmente, invitamos a las autoridades de los tres poderes del Estado y a toda la sociedad salvadoreña a pensar seriamente en una agenda de país que permita construir un país distinto y mejor después de esta emergencia. No podemos volver a la situación de antes. Debemos construir una sociedad con trabajo digno para todos; con un sistema de salud universal de calidad; con acceso a vivienda digna, agua potable y saneamiento como derechos humanos básicos; con un sistema de protección que impida que una nueva emergencia deje a miles de familias sin posibilidades de sobrevivir.
El Salvador, 30 de mayo de 2020
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto • Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales • Arpas • Artistas Unidos por Monseñor Romero • Asociación Azul Originario • Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador • Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental • Asociación de Centros Infantiles de Desarrollo • Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta • Asociación de Pobladores por la Paz • Asociación para el Desarrollo Integral de las Juventudes de San Salvador • Asociación Red Uniendo Manos de El Salvador • Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos • Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Artístico y Cultural Comunitario • Asociación Solidaridad • Centro de Resiliencia y Formación Popular Juvenil • Colectiva Feminista • Colectiva Ni una Menos El Salvador • Colectivo Romeriano “P. Neto Barrera” • Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de El Salvador • Comisión Nacional de Pobladores • Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador • Comunidades de Fe Organizadas en Acción • Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza • Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares • Cristosal • Fe y Alegría El Salvador • Federación de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales • Fespad • Foro Nacional de la Salud • Foro Permanente por el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador • Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho • Fundación Salvadoreña para la Promoción y el Desarrollo Social y Económico • Fundasal • Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador • Iglesia Luterana Salvadoreña • Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Mujer • Instituto Salvadoreño del Migrante • Las Dignas • Las Mélidas • Mesa de Soberanía Alimentaria • Movimiento de Artistas, Intelectuales y Trabajadores de la Cultura • Movimiento de Asentamientos Populares Urbanos • Movimiento Generación Romero • Movimiento Occidental por el Hábitat • Plataforma Nacional por el Hábitat • Red de Comunidades por la Vida • Red de Defensoras de Derechos Humanos • Red Internacional de Migración Scalabrini • Red Jesuita con Migrantes El Salvador • Red Nacional de Emprendedores Retornados de El Salvador • Red por el Derecho a la Comunicación • Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones Capítulo El Salvador • Red Sívar • Servicio Social Pasionista • UCA • Unidad Ecológica Salvadoreña.
