Diputados y diputadas de oposición manifiestan que el presidente de la República veta decretos por temor a la transparencia y porque quiere seguir con la contratación directa.
El anuncio presidencial de otro veto causó reacciones en diputados de oposición quienes dicen que el temor a la transparencia es una de las razones que motivan al Órgano Ejecutivo a frenar los decretos emitidos por la Asamblea Legislativa.
Esta vez el mandatario dijo que no sancionará la ley de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado jueves.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina, dijo que el veto a esta ley revela la intolerancia que tiene el presidente de la República a medidas creadas con acuerdos legislativos.
“Entre medias verdades que confesó, nosotros esperamos cómo está el Estado en las finanzas públicas, que revele qué ha hecho con los recursos de los salvadoreños, que rinda cuentas, que explique dónde están los recursos que ha manejado durante esta cuarentena, esta emergencia que son millones de millones, cientos de millones de dólares que ha estado manejando a discreción, bajo esta situación que ha tenido de emergencia. Esos son elementos que deberían de salir y pronto porque realmente es una parte que debe saber la población”, indicó Urbina
Por su parte, el diputado de ARENA, Norman Quijano, recordó que los señalados de haberse reunido con el Gobierno ya se desmarcaron de esas acusaciones. Se trata del fiscal general de la República, el embajador de Estados Unidos y diputados.
Ante esto, Quijano puntualizó las razones por las que el presidente de la República veta constantemente los decretos legislativos.
“No nos extraña, es que el gran problema para este Gobierno es que no quiere, en primer lugar, el acceso a la información. Hay dos grandes obstáculos para que esos decretos sean sancionados, ellos ven que la oficina de acceso a la información va a poder estar tramitando todas las peticiones y el otro de la contratación directa. Si esos dos temas no estuvieran en agenda, yo les aseguro que todos esos decretos hubieran sido sancionados”, dijo Quijano.
Los diputados de oposición señalaron que el nuevo Decreto Ejecutivo número 31 repite las inconstitucionalidades que han tenidos los anteriores emitidos por la Presidencia de la República.
Pero a juicio del diputado del actual partido de gobierno GANA, Guillermo Gallegos, no es así.
“Yo no considero que sea inconstitucional. Lo que hace el decreto 31 es establecer, principalmente, zonas epidemiológicas en el país y lo otro que lleva de mayor peso es la fase de reactivación económica”, expresó Gallegos.
Los diputados y diputadas de los partidos de oposición agregan que la reactivación económica anunciada por el Gobierno tiene incoherencias que afectan a los pequeños y medianos empresarios, como iniciar labores sin transporte público. Habrá muchas personas que no pueden pagar taxi porque no todos han estado recibiendo un salario. También ha quedado demostrado que hay empresas que no pueden ofrecer transporte a su personal, algunas bajo el argumento de las pérdidas que han tenido durante la cuarentena aplicada por el Órgano Ejecutivo.
