Por: Redacción
Refiriéndose a la petición del Presidente de la República, Nayib Bukele, a los otros órganos de Estado, la exabogada del mandatario, Berta María Deleón, dijo en entrevista televisiva que: «nadie puede devolverle lo que no tiene», el gobernante solicitó le devuelvan las herramientas para poder seguir enfrentando la emergencia por el Covid-19.
Al respecto la abogada de la República dijo que no obstante el Presidente, Nayib Bukele, siempre busca confundir a la población, buscando un escenario favorable y plantearse cómo víctima de la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea Legislativa.
Bukele, siempre busca en quien derivar su responsabilidad, aseguró la profesional del derecho y remarcó que la gente es capaz de hacer una revisión de lo que realmente está sucediendo.
Vimos como al iniciar la cuarentena a mediados de marzo de este año, la Asamblea aprobó el decreto 593 de Estado de Emergencia y sobre esa base, se generó una serie de decretos Ejecutivos, incluso el decreto que establecía la cuarentena.
Hasta ese momento, se siguió el procedimiento legal establecido porque la Sala en reiteradas jurisprudencia y no solo la configuración de esta Sala, sino que anteriores Magistraturas habían manifestado y mantenido en diferentes sentencias que cuando se va a infringir o cuando se va a limitar los derechos fundamentales de las personas, no se puede hacer a través de decretos Ejecutivos, sino a través de leyes que provengan de la Asamblea Legislativa.
A partir de la aprobación del artículo 593 vino una serie de prórrogas de cuarentena cada 15 días, sin presentar un plan de atención y contención del virus, tanto las gremiales empresariales, ciudadanos, sectores profesionales y la misma Asamblea Legislativa cuestionaron si realmente se debía seguir dando la prórroga o no.
La extensión de la prórroga del Estado de Emergencia ocasiona varios problemas uno de ellos es la suspensión de plazos procesales, la omisión de procedimientos de adquisiciones y contrataciones que establece la ley LACAP.
La Asamblea Legislativa, empezó a exigir al gobierno dentro de sus funciones, informes sobre las compras de material médico que por cierto son grandes cantidades.
La contraparte no presentó los informes completos, es ahí donde comenzó ese roce en cuanto a la aprobación o no del Estado de Emergencia.
Ante esta situación el gobierno en lugar de rendir los informes requeridos por la Asamblea, comenzó a crear decretos Ejecutivos, limitando derechos constitucionales como la libertad de tránsito entre otros, algo para lo que no está facultado.
Llama la atención como es que ahora el Presidente de la República, dice que la Sala le ha quitado facultades, cuando los funcionarios no tienen más facultades que las que dan la Constitución de la Republica y las leyes establecidas.
Limitar derechos fundamentales, no está dentro de las facultades que establece la Constitución por la tanto nadie puede devolverle lo que no tiene.
Es preocupante que a estas alturas el Presidente Nayib Bukele, ya lleva más de un año en el poder y sigue usando un discurso confrontativo, un discurso de manipulación y lo peor nunca se hace responsable de la situación.
La Sala de lo Constitucional declaró incontitucionales los decretos Ejecutivos que habían sido emitidos en abuso de facultades y dio un tiempo para que dialogaran las partes en conflicto.
El objetivo de la Sala era que se elaborara una ley de Estado de Emergencia, que regulara la situación crítica que se está viviendo.
Como resultado se elaboró el proyecto de ley y el Presidente de la República la vetó, fuimos testigos cuando se reunieron los representantes del gobierno y los diputados, de gritos, de insultos todo ante los medios de comunicación y las redes sociales, vimos la poca o nula capacidad técnica del equipo de abogados de CAPRES muy lamentable porque son funcionarios de alto nivel.
Al final elaboraron el proyecto de ley, los representantes de CAPRES estuvieron de acuerdo con ese proyecto, hay actas firmadas que lo comprueban y cuando el proyecto pasó a la aprobación del presidente lo vetó.
