El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados con premeditación y alevosía en el recinto de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador ocho personas. En medio de la guerra civil que devoraba al país y en el seno de lo que a la postre sería la última gran ofensiva de la guerrilla en la capital, un pelotón del ejército sacó violentamente de la casa rectoral a seis jesuitas (cinco de ellos españoles por nacimiento) y a dos mujeres (madre e hija) trabajadoras que allí se encontraban disparándolos seguidamente hasta su exterminio.
El brutal suceso, uno más en la locura desencadenada en el país hacía varias décadas, pero intensificada en la última, fue un hito. En la comunidad internacional se intensificaron las acciones para promover un proceso de paz que se saldaría tres años después, cuando el final del socialismo real fuera una realidad en el mundo y el avispero salvadoreño viera agotadas las energías de los actores en liza en una situación de claro empate.
Como bien es conocido, uno de los ejercicios más complejos que siguen a la continuación de un conflicto es el cierre aceptable por las partes de las secuelas de este. El manejo de la memoria, en la que se incluye la reparación a las víctimas, constituye un eslabón fundamental de la denominada justicia transicional. También lo es, como no podía ser de otra manera, el abordaje de los crímenes de lesa humanidad y de guerra donde, bajo la siempre lenta y procelosa senda que trazan los procedimientos, la cooperación internacional es una baza indispensable.
Los juicios de Núremberg y de Tokio iniciaron una compleja andadura con avances y retrocesos, dudas y certezas, hasta culminar en la Corte Penal Internacional creada en 1998 con sede en La Haya. Los genocidios en la antigua Yugoeslavia y en Ruanda fueron dramas que aceleraron una puesta en marcha que tuvo que lidiar con la casi permanente desafección de Estados Unidos.
El pasado lunes, en la Audiencia Nacional española se inició la vista pública contra 17 militares salvadoreños señalados como presuntos autores intelectuales y materiales de la masacre. Ya en septiembre de 1991, en un proceso amañado, fueron juzgados nueve militares quedando absueltos siete de ellos y siendo solo dos los condenados a 30 años de prisión por los delitos de asesinato y proposición y conspiración para actos de terrorismo.
Pero hasta la fecha, los autores intelectuales, siguen en la más absoluta impunidad que el juicio que ahora da inicio pretende poner fin esclareciendo este crimen teniendo conocimiento de sus responsables últimos. Inocente Montano, ex coronel y principal encausado, tiene una gran oportunidad de ponerse del lado de la verdad y la justicia, dando a conocer todo lo que sabe sobre el crimen de estado perpetrado entonces.
La muerte de personas inocentes, personas de bien, que dedicaron su vida a defender a los pobres, a impulsar la justicia social y promover el bien común desde la razón y el conocimiento académico no puede quedar impune.
Por: Manuel Alcántara. Politólogo. Universidad de Salamanca. España.
