Diferentes medios periodísticos revelaron la semana pasada varios casos de posible corrupción en el Ejecutivo: compras gubernamentales asignadas a empresas vinculadas a funcionarios públicos (ex presidente del FONAES, viceministro de Hacienda y diputado Gustavo Escalante), otorgamiento de préstamos y asignación de plazas con evidente conflicto de interés (familiares de la comisionada presidencial Carolina Recinos), irregularidades en algunas obras públicas (Hospital del CIFCO y ANDA), entre otros que se han dado durante los estados de excepción por el COVID-19.
El gobierno de Nayib Bukele ya es el primero en descubrírsele este tipo de irregularidades en el primer año de gestión y en destapársele cinco casos en una misma semana. A los casos mencionados habría que agregar los señalamientos de anomalías en la asignación del bono de 300 dólares y el sesgo partidario (de Nuevas Ideas) en el reparto de paquete agrícolas y canastas alimentarias.
Lo anterior indica que la corrupción en el Ejecutivo podría ser generalizada y que, por tanto, es urgente que los sectores democráticos y la ciudadanía crítica exijan transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos. Para esto algunas acciones podrían ser las siguientes:
1. Demandar de la Corte de Cuentas y Fiscalía General de la República una investigación inmediata los casos señalados, por violentar disposiciones de la LACAP, la Ley de Ética Gubernamental y otras normativas relacionadas con la administración pública.
2. Presionar al Ejecutivo a que cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y restablezca las Oficinas de Información y Repuesta (OIR), que fueron puestas en cuarentena ilegalmente desde que inició la pandemia.
3. Exigir al Presidente Bukele que cumpla con su promesa electoral de nombrar un “comisionado para la transparencia propuesto por la oposición” que verifique la legalidad de las compras, contrataciones y demás procesos administrativos en el gobierno.
4. Solicitar a la Asamblea Legislativa la creación de una verdadera CICIES, independiente, con facultades reales y coordinada por la ONU. Dicha comisión, propuesta por CRISTOSAL y otras organizaciones de la sociedad civil, vendría a sustituir a la inútil e inoperante CICIES de la OEA.
5. Proponer una comisión especial de la Asamblea para investigar el manejo de los fondos públicos durante la emergencia por el coronavirus.
Ojalá que toda la población decente, honrada y trabajadora empiece a presionar por la transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.
(ARPAS)
