Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
La eutanasia a los ancianos del Asilo “Sara Zaldívar”, parece haber sido ordenada por el Gobierno salvadoreño: hecho que nos obliga a reflexionar, sobre el sistema de Gobierno, que se está imponiendo en El Salvador.
La población de mayor vulnerabilidad: son los ancianos: en muchos casos, abandonados por sus familiares, por razones económicas o, por imposibilidad de brindar en el hogar, los cuidos médicos necesarios a su condición: deberán recibir del Estado. la acción de subsidiariedad, pero según las revelaciones divulgadas en el Diario 1 y en YSUCA (de la Universidad Católica), se dio orden de recluir en el Asilo, a los ancianos enfermos de coronavirus, para “no saturar el sistema hospitalario”, lo cual equivale, a negar asistencia al ciudadano enfermo o a la aplicación de la eutanasia, por el consiente desenlace de la enfermedad sin asistencia, lo cual es un crimen.
No existe el derecho a decidir quien vive y quien muere: ni el Estado, ni el particular pueden decidirlo: la muerte debe de ser el proceso natural del desgaste humano, por efecto de alguna enfermedad o lesión, pero tratadas según los protocolos médicos establecidos, a los que debe tener acceso toda la población, ya privadamente o de forma pública.
Al apoderarse del equipo médico del Seguro Social, para equipar el nuevo hospital, en la Feria Internacional, el Gobierno ha despojado de sus derechos, a los asegurados: el Gobierno ha decidido según su criterio y no, conforme a la Ley, de la aplicación del Bien Común.
De igual manera ha procedido al distribuir con la asistencia monetaria de $ 300.00 que, según la Corte de Cuentas de la República, no tiene parámetros conocidos. Hoy se están dando bolsas de alimentos a quienes el Gobierno presupone, de escasos recursos, sin verificar las necesidades de cada persona.
El Gobierno determino a quien se le permitía comprar alimentos o medicinas y tener acceso a los servicios bancarios o al ejercicio del trabajo: todo es violatorio de las garantías individuales, y es razón por la que no se ha podido implantar una nueva cuarentena, como lo el Ejecutivo lo exige, y que conllevaría la posibilidad, de realizar gastos irrestrictos sin control.
Si todo lo relacionamos todo en su conjunto, tenemos una forma sui géneris de socialismo dictatorial, que también insinúa una tendencia religiosa y exigirá un asistencialismo internacional y muy probablemente, el consumo de la riqueza interna, por “utilidad pública”.
La falta de confianza en un país, se refleja en su sistema financiero: vemos hoy que la mayoría de los bancos extranjeros, están vendiendo sus acciones a bancos centroamericanos. Esto es un factor de riesgo a considerar, al igual que empresas que producían para exportación, hoy migran a otros países centroamericanos y mantienen su producción aquí sólo para el abastecimiento local. Todo parece indicar que hay una transformación en curso, pero que riñe con nuestra Constitución y con el espíritu de los Acuerdos de Paz de 1992.
Los Acuerdos de Paz y la Constitución, son tan flexibles que permiten cualquier forma económica y de asistencia pública, pero respetando siempre las garantías constitucionales y asegurando la subsidiariedad del Estado, pero exige que las instituciones sean fuertes y eficientes, pero según el proceso que estamos viendo, las instituciones están siendo afectadas por la corrupción, lo cual destruye el sistema democrático, garantizado por nuestra Constitución.
El Estado no puede decidir, quien es útil y quien no lo es: quien puede tener esperanza de vivir y quien debe morir, todos somos iguales ante Dios y ante la Ley, el Estado existe para servir a sus ciudadanos y no para que éstos, alimenten al Gobierno.
