Colectivos que integran más de treinta organizaciones de Derechos Humanos exhortan al Estado salvadoreño a hacer justicia en favor de las miles de víctimas de la guerra.
Una treintena de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas de la guerra lamentaron esta semana la deficiencia de los tres órganos del Estado en cumplir con la justicia que miles de víctimas claman desde hace muchos años.
Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), exhortó a la Presidencia abrir los archivos de la guerra, que de acuerdo con Carrillo ayudará a indagar más en los crímenes cometidos durante los años 80.
“Como organizaciones de la sociedad civil hemos exigido a los tres Órganos del Estado que cumplan con la sentencia ordenada por la Sala de lo Constitucional. Hay deudas pendientes y ese es el acceso a los archivos militares de la Fuerza Armada”, dijo el representante de FESPAD.
“Saludamos al Gobierno, quien en un principio decidió quitar de las guarniciones militares el nombre de Domingo Monterrosa, pero aún hay deudas con las miles de víctimas”, añadió Carrillo.
Los Colectivos también han solicitado a la Oficina Ejecutiva del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas una copia certificada de documentos utilizados para la elaboración del informe “De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador”, creado por la Comisión de La Verdad.
Sin embargo el proceso se mueve lento, debido a que el Gobierno no ha realizado las diligencias respectivas, dijo el padre Fredy Sandoval.
“Hasta ahorita, según nuestros informes, el Gobierno está lento en el proceso desde antes de la pandemia. Ellos no le han dado importancia o prisa a este deber constitucional. Faltaría que el Ejecutivo se mueve más ágil para obtener esos archivos. Consideramos que es lamentable que hasta la fecha no hay una comunicación oficial de Casa Presidencial o de Cancillería de la República, ni de la Comisión de Derechos Humanos de Cancillería. No hay nadie que nos diga cómo va el proceso y cuáles son los pasos y tiempos para que esto se concrete”, explicó Sandoval.
Los archivos, tanto militares y los documentos que conforman el informe de la Comisión de la verdad, son documentos que el Ejecutivo ha bloqueado para proteger a los criminales de la guerra en el caso de El Mozote y la masacre de los Jesuitas, entre otras, dijo el abogado de Cristosal, David Morales.
“La actual administración del presidente Nayib Bukele ha seguido la tendencia de los gobiernos anteriores, pese a que dijo que cumpliría con los derechos de las víctimas. Él continúa con los bloqueos. Un ejemplo fue el de la diligencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que antes de la cuarentena el IAIP inspeccionaría los archivos militares por el caso de crímenes de guerra al interior de la Universidad de El Salvador, entre los años 1970 y 1995. Las autoridades de Gobierno impidieron el paso de los comisionados, bloqueando la diligencia. Ahora el juez de San Francisco Gotera ha solicitado diligencias en sedes militares por el caso de la masacre El Mozote. Esperamos que el bloqueo no persista en esta diligencia”, dijo Morales.
Por otra parte los colectivos aplauden los avances en el caso de El Mozote y en el caso del asesinato de los padres Jesuitas de la UCA (que se realiza en España), donde se procesa al excoronel Inocente Montano, explicó Sofía Zamora, de la Universidad de El Salvador.
Pero el llamado también es para la Asamblea Legislativa, para que apruebe una Ley de Reconciliación que ponga en el centro a las víctimas y a la Fiscalía, para que investigue de manera diligente crímenes de guerra.
También la Sala no se escapó al llamado de los colectivos, al pedirle que en el menor tiempo posible reprograme la audiencia de seguimiento de la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, que estaba señalada para el 15 de abril, pero que se suspendió a consecuencia de la pandemia, en la cual el Ejecutivo, Legislativo y Fiscalía General de la República deberán rendir cuentas para ver si están cumpliendo con la sentencia.
