Por: Ricardo Oliva
Organizaciones firmantes, articuladas en la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo de Trabajo Pro-Memoria Histórica y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, se pronunciaron esta semana en el marco de la histórica sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 , la sentencia cumplió cuatro años y según representantes de las organizaciones la derogación de esta ley fue posible gracias a décadas de lucha liderada por víctimas, familiares y sobrevivientes de las atrocidades ocurridas desde la década de 1970 y durante la guerra civil salvadoreña.
A través de un comunicado, los defensores de derechos humanos manifiestan que la decisión judicial fue consistente con los estándares internacionales sobre el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables por graves violaciones a los derechos humanos que constituyen a su vez, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La resolución de la Sala contempla que los crímenes cometidos durante la guerra en el país no es inaplicable la prescripción y por tanto se pueden perseguir en cualquier tiempo y lugar.
Asimismo, reconoce que existió un aparato organizado que ordenó y cometió estos delitos aberrantes siguiendo un patrón sistemático, por lo que la responsabilidad penal por esos hechos debe extenderse a autores directos, a quienes dieron las órdenes y a quienes, en posiciones de mando, podrían haber evitado los crímenes y no lo hicieron.
Las organizaciones lamentan que la Asamblea Legislativa, lejos de legislar en materia de acceso a información y reparaciones, intentó aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que habría mantenido la impunidad de las personas responsables de estos crímenes. Pese a la fuerza de denuncia y propuesta de las víctimas y una comunidad internacional que ha rechazado estos intentos, la Asamblea continúa priorizando otros intereses sobre la garantía del derecho a la justicia y a la verdad, que alcance a toda la sociedad salvadoreña.
En el mismo sentido, exigen a la Fiscalía General de la República, ya que según ellos no ha hecho avances sustantivos en ninguno de los más de 100 casos que han sido presentados por las víctimas a lo largo de los años.
Aclaran que si bien, la unidad fiscal creada para atender los casos del conflicto armado no ha contado con los recursos suficientes para realizar su labor y, menos, ha recibido del Fiscal General el respaldo necesario; es preocupante que, en este período, no se haya presentado un solo requerimiento fiscal de los casos que están bajo su responsabilidad.
Por otra parte, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que las instituciones del Órgano Ejecutivo –tanto en la anterior como en la actual administración– no han asumido las órdenes constitucionales derivadas de la sentencia.
Para finalizar, las víctimas, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, EXIGEN:
-A la Asamblea Legislativa, que cumpla con su deber y garantice que la Ley de Reconciliación sea conforme con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y respete integralmente la dignidad de las víctimas, asegurando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Una acción inmediata debe ser el estudio del veto presidencial al Decreto Legislativo (No 575) que contiene la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, aprobada por ese Órgano de Estado a finales de febrero de 2020.
-Al Presidente de la República, levantar las barreras que impiden el acceso a la documentación sobre el conflicto armado, especialmente la que obra en poder la Fuerza Armada. Asimismo, que profundice y amplíe los incipientes programas de reparación para las víctimas que durante toda su administración se han visto disminuidos o suspendidos. Finalmente, que brinde de inmediato un mayor respaldo a las dos comisiones existentes de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto (CNB y CONABUSQUEDA), a fin de que puedan atender a la mayor brevedad posible las exigencias de las víctimas y familiares.
-A la Sala de lo Constitucional, que se mantenga vigilante para asegurar el cumplimiento de lo ordenado en su sentencia del 13 de julio de 2016 y que, en la medida que lo permita la situación sanitaria actual, reprograme la audiencia de seguimiento que estaba prevista para el 15 de abril de 2020 en la que debe revisar íntegramente el estado de cumplimiento de la referida resolución de inconstitucionalidad y adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su cumplimiento.
-Al Fiscal General de la República, que agilice las investigaciones y los procesos judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra ocurridos en el contexto del conflicto armado.
