El país tiene una nefasta historia de privatizaciones desde 1989, cuando llegó ARENA al Ejecutivo. Bajo la lógica neoliberal de desmantelar el Estado y desregular el mercado, han sido privatizadas decenas de empresas estatales y servicios públicos, algunos relacionados con derechos elementales de la gente, como parte de los llamados “Programas de Ajuste Estructural”.
Baja la promesa de modernización estatal, mayor eficiencia en la prestación de los servicios y beneficios para los consumidores, los gobiernos de derecha entregó al sector privado la banca, el comercio exterior, la distribución y parte de la generación de electricidad, las telecomunicaciones y las pensiones.
Estas privatizaciones, además, se hicieron en forma fraudulenta; por ejemplo: los bancos estatales, que fueron vendidos a “precio de gallina robada” a un grupito de oligarcas, fueron antes saneados con fondos públicos, por el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-94). Varios años después, estos empresarios salvadoreños vendieron “sus bancos” a corporaciones multinacionales sin pagar unos 500 millones de dólares en IVA.
También representaron grandes pérdidas de ingresos públicos, como la privatización encubierta de La Geo, en la administración de Francisco Flores (1999-2004). Según la Fiscalía, en el fraude CEL-Enel, el Estado salvadoreño no recibió 2,000 millones de dólares que se convirtieron en ganancias de la transnacional italiana ENEL.
Y, desde luego, constituyeron graves violaciones a los derechos humanos. La privatización de las pensiones, durante el quinquenio de Armando Calderón Sol (1994-99), enriqueció a un par de AFPs y condenó a la población jubilada a pensiones de hambre; aparte de la insostenible deuda previsional que actualmente ronda los 5,000 millones de dólares.
Otros servicios públicos no se privatizaron porque la resistencia ciudadana lo evitó. La salud pública no fue privatizada por Francisco Flores gracias a las “marchas blancas”, las históricas movilizaciones del gremio médico y las organizaciones populares en 2002 que encabezaron, entre otras, la recién fallecida lideresa social Margarita Posada.
Los gobiernos del FMLN no privatizaron en el sentido clásico; es más, revirtieron la privatización de La Geo durante la Administración de Mauricio Funes (2009-2014). Sin embargo, dieron apertura a la modalidad de “Asocios Público-Privados” que permitieron nuevos procesos de privatización en puertos y el aeropuerto.
Además, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) quiso ir más lejos en la perspectiva privatizadora, con un proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que felizmente no fue aprobado.
Ahora el Presidente Nayib Bukele parece seguir las mismas lógicas privatizadoras en su gestión gubernamental. Esta semana se supo de una eventual “privatización” en la Lotería Nacional de Beneficencia: el empresario israelí Yossi Abadi anunció en sus redes sociales el jugoso negocio de “operar la Lotería” y gestionar una “innovadora plataforma digital para apuestas deportivas y otros juegos” durante 20 años.
Ante el escándalo generado por el hecho, el mensaje fue pronto retirado; pero éste se mantiene en el sitio web de la oficina de la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo, instancia que agradece a Bukele por “promover la inversión israelí en El Salvador”.
Frente a lo anterior es esperable que las instancias contraloras (Corte de Cuentas, Fiscalía y Asamblea Legislativa) verifiquen la legalidad de lo actuado por Bukele en la Lotería; y que la población democrática, decente, honrada y trabajadora se exprese y movilice contra las nuevas privatizaciones y exija un corrección en el rumbo neoliberal que lleva el actual gobierno. (ARPAS)
